Controversia en el sistema judicial peruano por reposición de Patricia Benavides

La reciente decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación ha generado un intenso debate sobre la estructura y el funcionamiento del sistema judicial peruano. Este movimiento ha sido interpretado por varios actores del ámbito legal como un intento de usurpación de funciones que históricamente pertenecen a la Junta de Fiscales Supremos. La controversia se centra no solo en las decisiones tomadas, sino también en las implicaciones que estas tienen para la institucionalidad del país.

Diversas fuentes judiciales han señalado que tanto Tomás Aladino Gálvez Villegas como Liz Patricia Benavides Varga están siendo utilizados como herramientas por intereses políticos oscuros que buscan desmantelar y copar la Junta de Fiscales Supremos y la Fiscalía de la Nación. Esta afirmación cobra fuerza al analizar cómo la JNJ ha actuado en este proceso, considerando que la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público son claras en cuanto a la elección del fiscal de la Nación, que debe ser realizada por la Junta de Fiscales Supremos.

El artículo 158 de la Constitución establece que el máximo órgano de gobierno del Ministerio Público es la Junta de Fiscales Supremos, compuesta por fiscales supremos titulares. Según esta normativa, el fiscal de la Nación debe ser elegido entre sus miembros por un periodo de tres años, con posibilidad de reelección. Sin embargo, la JNJ se ha adjudicado competencias que no le corresponden, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de sus decisiones.

El abogado Carlos Caro Coria ha subrayado que la JNJ carece de poder constitucional y legal para reponer a Benavides como fiscal de la Nación, ya que este es un cargo que debe ser objeto de votación. Del mismo modo, César Azabache ha señalado que el uso de la nulidad para intentar revertir decisiones anteriores no es un mecanismo admisible ni legalmente sustentable, lo que complica aún más la situación.

La resolución emitida por la JNJ en la que se dispone la reposición de Benavides ha generado críticas en virtud de que hay una fiscal de la Nación en funciones, lo que hace que dicha resolución sea inejecutable. En este sentido, Gálvez Villegas también ha manifestado que la JNJ no puede dejar sin efecto la elección de un fiscal de la Nación que ha sido válidamente nombrado, lo que añade un nuevo nivel de complicación al conflicto en curso.

La situación se torna más compleja al considerar que la JNJ también ha rehabilitado a Gálvez Villegas, borrando la sanción de destitución que había impuesto anteriormente. Este movimiento ha sido percibido como una presión sobre la JNJ para que resuelva favorablemente la situación de Benavides, lo que revela la manipulación política detrás de estas decisiones.

A su vez, la reelección de Benavides parece estar ligada a la necesidad de cubrir una vacante en la Junta de Fiscales Supremos, lo que pone de manifiesto un escenario en el que las decisiones de la JNJ podrían estar motivadas más por intereses de poder que por la búsqueda de justicia. La administración de la justicia en el país se ve amenazada si se permite que tales prácticas continúen.

Desde la suspensión de Benavides en diciembre de 2023, ha habido un cambio significativo en la estructura del Ministerio Público. La incorporación de nuevos despachos y la creación de plazas para fiscales supremos han transformado el panorama, haciendo que cualquier intento de retroceder a la situación anterior sea no solo complicado, sino prácticamente inviable.

Es crucial entender que esta situación no solo involucra a las partes en conflicto, sino que también afecta la independencia del sistema judicial y la defensa de los derechos en el país. La manipulación de las instituciones puede tener repercusiones graves, especialmente en un contexto político ya de por sí tenso y frágil. La JNJ actúa en un terreno resbaladizo que podría costarle caro al país si se continúa por la senda de la injerencia y la usurpación de funciones.

La convocatoria de una Junta de Fiscales Supremos extraordinaria se perfila como un paso necesario para abordar esta crisis y reafirmar la autonomía de la institución. Sin embargo, el desafío no será simple: la presión política y las implicaciones de las decisiones tomadas por la JNJ podrían obstaculizar la capacidad de la Junta para actuar en defensa de su independencia.

En conclusión, la situación actual del Ministerio Público y las decisiones de la JNJ han desatado una serie de cuestionamientos sobre la integridad y la independencia del sistema judicial en el Perú. Los actores involucrados deben considerar con seriedad las implicaciones de sus decisiones, no solo por el presente inmediato, sino también por el futuro de la justicia en el país, especialmente con las próximas elecciones generales en el horizonte. La defensa de la institucionalidad no es solo una responsabilidad de quienes ocupan estos cargos, sino un deber de todos los ciudadanos comprometidos con la democracia y la justicia.