Colombia sufre ataques mortales de disidencias de las FARC: 19 muertos y 70 heridos

La jornada de ayer se teñió de sangre en Colombia, marcando uno de los episodios más trágicos y violentos en la historia reciente del país. El derribo de un helicóptero de la Policía en Antioquia y la explosión de un camión bomba en Cali, ambos atribuidos a disidencias de las FARC, dejaron un saldo devastador: al menos 19 muertos y más de 70 heridos. Estos ataques evidencian la persistente amenaza que representan estos grupos armados y la fragilidad de la seguridad en el país.

El primer atentado ocurrió en Amalfi, Antioquia, cuando un helicóptero UH-60 Black Hawk, que realizaba labores de erradicación de cultivos ilícitos, fue derribado por un dron cargado de explosivos. Este acto de agresión no solo dejó a 13 policías muertos, sino que también expuso la audacia y la sofisticación de los métodos utilizados por los atacantes. La situación se tornó aún más grave cuando, tras el impacto de la aeronave, los uniformados que sobrevivieron fueron atacados con ráfagas de fusil por hombres armados que se encontraban en la zona.

El presidente Gustavo Petro fue rápido en pronunciarse sobre la tragedia, confirmando que el Frente 36 del Estado Mayor Central (EMC) era el responsable del ataque. En un mensaje a través de sus redes sociales, Petro lamentó la pérdida de vidas humanas y condenó la acción violenta, enfatizando la necesidad de abordar la lucha contra el narcotráfico con una perspectiva que no solo considere el aspecto político, sino también el cruce de intereses económicos que estos grupos representan.

En un aparente intento de coordinar sus acciones, en paralelo a lo sucedido en Antioquia, un camión bomba fue detonado en Cali frente a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez. Este ataque dejó a seis personas muertas y más de 70 heridas, en su mayoría civiles. El presidente Petro calificó este acto como una “reacción terrorista” por parte de la columna Carlos Patiño, otra facción de las disidencias de las FARC, en represalia por las recientes incautaciones de material de guerra en el Cauca.

Estos atentados no solo conciernen a las fuerzas armadas del país, sino que también reflejan la vulnerabilidad de la población civil ante la creciente violencia. Las disidencias, que el presidente llama “bandas del narcotráfico”, han demostrado tener la capacidad de ejecutar ataques tanto en áreas rurales como urbanas, lo que cuestiona la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas por el Estado.

La respuesta del gobierno también incluyó la detención de dos sospechosos del atentado en Cali, gracias a la cooperación de la comunidad local. El mandatario informó que estos individuos, quienes aparentemente no portaban armas y estaban cargando explosivos, fueron capturados poco después de la explosión. Esta intervención ciudadana subraya la necesidad de una mayor colaboración entre la sociedad y las autoridades para combatir la violencia.

A pesar de estas detenciones, el impacto de los ataques ha dejado una huella profunda en la sociedad colombiana. La sensación de inseguridad y la percepción de un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos se amplifican con cada atentado. Muchos se preguntan si el gobierno está realmente preparado para enfrentar este tipo de amenazas y si existen planes efectivos para desmantelar estas organizaciones criminales que operan con impunidad.

La estrategia del gobierno frente al narcotráfico y la violencia armada ha sido un tema de controversia y debate. La caracterización de estos grupos como “bandas del narcotráfico” en lugar de disidencias abre una nueva narrativa que podría cambiar la forma en que se aborda el conflicto en Colombia. El presidente Petro parece decidido a redefinir el enfoque, pero la incertidumbre sobre su implementación y sus posibles resultados persiste.

Mientras tanto, la población observa con preocupación los acontecimientos y espera respuestas concretas de sus líderes. La lucha contra el narcotráfico y la violencia es una tarea compleja y multifacética que requiere no solo acciones contundentes, sino también un compromiso real hacia la construcción de una paz duradera.

La jornada de ayer es un recordatorio escalofriante de que la paz en Colombia aún es un sueño lejano. Con cada ataque, se reabren las heridas de un conflicto que parece no tener fin. La responsabilidad ahora recae sobre el Estado y su capacidad para restablecer la seguridad y la confianza de los ciudadanos en un futuro donde la violencia no sea la norma.