Un tribunal estadounidense impide a Trump el uso de la ley de 1798 para deportar migrantes

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha tomado una decisión significativa al impedir al presidente Donald Trump el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798, para deportar a migrantes, en particular a aquellos que son considerados presuntos pandilleros latinoamericanos. La sentencia, emitida el martes por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, marca un hito en la lucha por los derechos de los inmigrantes en un contexto donde la administración Trump ha intensificado sus esfuerzos por controlar la inmigración ilegal.

El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump fue puesto en marcha por primera vez en marzo de 2025, cuando el presidente ordenó la deportación de supuestos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua a una prisión de alta seguridad en El Salvador. Esta ley, que ha sido objeto de controversia y debate, fue utilizada previamente en momentos de conflicto bélico, como durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se detuvo a ciudadanos japoneses y estadounidenses. Por lo tanto, su aplicación en tiempos de paz ha suscitado una serie de impugnaciones legales.

La jueza Leslie Southwick, en el fallo del tribunal, argumentó que no existían pruebas que respaldaran que se había producido una "invasión o una incursión hostil", lo que es fundamental para justificar la aplicación de una ley de tal naturaleza. Esta decisión representa un freno a la interpretación amplia que la administración ha dado a la ley, y se considera un triunfo para aquellos que defienden los derechos de los migrantes.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), quien representa a la comunidad venezolana en el país, celebró el fallo. Gelernt afirmó que "la utilización de una ley de tiempos de guerra en tiempos de paz para regular la inmigración fue correctamente bloqueada por el tribunal". Además, destacó la importancia de la decisión al limitar la capacidad de la administración para declarar una emergencia sin la debida supervisión judicial.

El tribunal, con el respaldo de la magistrada Irma Carrillo Ramírez, concedió una orden judicial preliminar que bloquea la expulsión de migrantes irregulares. Sin embargo, el juez Andrew Oldham disintió, sugiriendo que la interpretación del caso debería depender de "cuestiones de criterio político", lo que añade un matiz a la discusión sobre el alcance del poder ejecutivo en temas migratorios.

La lucha de la administración Trump contra la inmigración ilegal ha sido uno de los pilares de su discurso político. Desde su regreso al cargo en enero, el presidente ha redoblado esfuerzos, enviando tropas a la frontera con México y aplicando aranceles a países como México y Canadá, argumentando que no hacen lo suficiente para detener los cruces ilegales. Además, ha calificado a pandillas como el Tren de Aragua y la MS-13 como "organizaciones terroristas", lo que refuerza su agenda de mano dura contra la inmigración.

No obstante, el fallo del tribunal se produce en un contexto más amplio de resistencia judicial a las políticas de inmigración de la administración. La semana pasada, otra corte federal de apelaciones también bloqueó temporalmente la decisión de Trump de revocar el estatus de protección temporal (TPS) para unos 600,000 venezolanos que residen en Estados Unidos, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre para miles de inmigrantes.

La jurisprudencia en materia migratoria se encuentra en un momento crítico, y las decisiones judiciales recientes reflejan una creciente preocupación por la protección de los derechos de los migrantes. Mientras la administración continúa persiguiendo una política de inmigración más estricta, las cortes han mostrado disposición a cuestionar la legalidad de tales acciones, recordando que el estado de derecho debe prevalecer.

El futuro de la política migratoria en Estados Unidos será sin duda un tema central en la agenda política, especialmente con la cercanía de las elecciones. Los defensores de los derechos de los inmigrantes ven en estos fallos un rayo de esperanza, al tiempo que la administración Trump enfrenta un desafío legal significativo. La lucha por los derechos humanos y la justicia migratoria en el país continúa, y este último fallo es un claro indicio de que los tribunales están dispuestos a actuar como un contrapeso a la interpretación del ejecutivo.