Las universidades negocian discretamente con la Casa Blanca para evitar el mismo destino de Harvard, según una fuente

Las universidades estadounidenses se encuentran en un momento crítico, enfrentando un escrutinio sin precedentes por parte del Gobierno federal. En medio de esta turbulencia, las autoridades universitarias han comenzado a negociar discretamente con la Casa Blanca, buscando evitar el mismo destino que la Universidad de Harvard, que se ha convertido en el blanco de una ofensiva sin igual. Según fuentes cercanas a la situación, estas conversaciones se han llevado a cabo con la colaboración de May Mailman, estratega política de la administración, quien trabaja de la mano con Stephen Miller, un conocido asesor del expresidente Donald Trump.

El foco de esta negociación radica en las acusaciones de antisemitismo en los campus y la percepción de que las universidades no están tomando medidas adecuadas para combatirlo. De hecho, un funcionario de la Casa Blanca ha declarado que el Gobierno está dispuesto a cortar el flujo de fondos si las instituciones no demuestran que están abordando este tema de manera efectiva. La declaración es clara: "Las universidades son incubadoras de discriminación, y el contribuyente no puede apoyar eso".

Las universidades de alto perfil están bajo constante presión para llegar a un acuerdo que les permita salir del punto de mira del Gobierno. Se les ha instado a establecer compromisos que no solo aborden el antisemitismo, sino que también incluyan cuestiones relacionadas con la diversidad, equidad e inclusión, así como la diversidad intelectual. Este escenario ha generado una atmósfera de incertidumbre, donde la pregunta sobre qué acciones tomar se vuelve cada vez más urgente.

Sin embargo, la disposición de las universidades para aceptar tales términos es variable. Algunas instituciones se sienten cómodas con las decisiones que han tomado hasta ahora y no tienen interés en convertirse en la "universidad modelo" que el Gobierno podría intentar promover. Un miembro de la junta directiva de una de estas instituciones ha expresado que no están interesados en entrar en conflictos innecesarios, aunque están preparados para defender sus valores fundamentales si es necesario.

Al mismo tiempo, algunas universidades han decidido contratar consultores políticos para ayudarles a navegar las exigencias del Gobierno. Esto ha llevado a una serie de actuaciones que incluyen la implementación de medidas para desmantelar programas de diversidad y la regulación de protestas en los campus. Harvard, mientras tanto, ha optado por una estrategia legal más agresiva, organizando a su red de exalumnos para contrarrestar la presión gubernamental.

La ofensiva contra Harvard no es solo un ataque aislado, sino parte de una agenda más amplia que busca desafiar la libertad académica y el control federal sobre las universidades. El Grupo de Trabajo para Combatir el Antisemitismo, que se reúne regularmente, está liderando esta cruzada, y su enfoque se ha centrado en cómo asegurar que las universidades cumplan con las expectativas del Gobierno, en un contexto donde se percibe que la administración busca capitalizar políticamente este tema.

Con el horizonte de las universidades bajo constante vigilancia, las conversaciones siguen abiertas. La Casa Blanca ha dejado claro que está dispuesta a negociar con las instituciones que demuestren buena fe en su intención de abordar estos problemas. Sin embargo, el margen de maniobra es limitado y el tiempo corre, ya que las universidades enfrentan una presión financiera creciente y recortes en el financiamiento federal.

Los líderes universitarios que han viajado a Washington para reunirse con funcionarios del Gobierno han encontrado el proceso irregular y poco entusiasta. A pesar de que algunas universidades han expresado su disposición a colaborar, todavía hay una sensación de desconfianza y reticencia a ser vistas como las que cederán ante las demandas del Gobierno.

Mientras tanto, el riesgo de nuevas demandas contra universidades como el sistema de la Universidad de California se cierne sobre el horizonte, lo que podría intensificar aún más la situación. Con más de 70 instituciones actualmente bajo investigación en virtud del Título VI de la Ley de Derechos Civiles, se prevé que las tensiones aumenten conforme el Gobierno continúe su búsqueda de acciones contundentes.

En última instancia, la lucha por la dirección y el financiamiento de las universidades se ha convertido en un campo de batalla político. Las instituciones educativas deben ahora equilibrar su misión académica y sus ideales con la realidad de un entorno político que está en constante cambio y que se siente cada vez más hostil. La pregunta persiste: ¿cuánto tiempo podrán las universidades mantener su autonomía frente a la presión del Gobierno federal? Mientras continúan las negociaciones, el futuro de la educación superior en Estados Unidos se encuentra en un delicado equilibrio.