Congresistas peruanos buscan declarar al Cartel de los Soles como terrorista

En una muestra de preocupación por la creciente influencia del narcotráfico en la región, un grupo de congresistas peruanos ha tomado la iniciativa de solicitar que el Cartel de los Soles, una red de narcotráfico internacional supuestamente dirigida por el presidente venezolano Nicolás Maduro, sea declarado como una "organización terrorista". Esta decisión se encuentra ahora en manos del Congreso, donde dos mociones han sido presentadas para considerar este categórico paso.

La primera moción fue impulsada por la congresista María del Carmen Alva, de la formación política Acción Popular. En sus declaraciones, Alva enfatizó que el Cartel de los Soles no solo representa una amenaza para Perú, sino para toda la región. “El Cartel de los Soles, dirigido por jerarcas de Maduro, es una mafia narcotraficante que amenaza a toda la región. ¡No nos arrodillamos ante dictaduras ni mafias!”, proclamó Alva en su cuenta de X, acompañando su afirmación con la moción que busca su declaración como organización terrorista.

El segundo intento de clasificación proviene de la bancada Renovación Popular, que también subrayó la naturaleza criminal de esta estructura. En un comunicado emitido por el partido, se destacó que el Cartel de los Soles tiene vínculos probados no solo con el narcotráfico, sino también con el terrorismo internacional. Esta afirmación ha aumentado la urgencia de la discusión en el Congreso, donde la seguridad nacional y la estabilidad regional están en juego.

Ambas mociones argumentan que el Cartel de los Soles opera de manera coordinada con otras organizaciones criminales, como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. Estas conexiones han llevado a los legisladores a ver el problema del narcotráfico no solo como una cuestión de crimen organizado, sino como un desafío que pone en riesgo el orden democrático y la seguridad de los estados soberanos en la región.

La congresista Norma Yarrow, también parte de la oposición, ha insistido en que el Perú "no puede ni debe mostrarse indiferente" ante este tipo de amenazas. Su declaración resuena con la creciente inquietud en diversos sectores de la sociedad peruana, que ven en el narcotráfico un problema que trasciende fronteras y que afecta la vida cotidiana de miles de ciudadanos.

La propuesta ha encontrado un eco significativo en la opinión pública, donde la lucha contra el narcotráfico ha sido un tema recurrente. Los ciudadanos, cansados de la violencia y la corrupción asociadas con las drogas, han expresado su apoyo a medidas más contundentes para enfrentar a estas organizaciones criminales. Sin embargo, también han surgido preocupaciones sobre las implicaciones políticas de esta declaración y su posible uso como herramienta en el discurso político.

Además, la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, ha estado atenta al desarrollo de estas mociones. La administración estadounidense ha calificado al Cartel de los Soles como una de las grandes amenazas del narcotráfico, lo que podría llevar a un mayor apoyo internacional para el Perú si se toma la decisión de clasificarlo como organización terrorista.

Por otro lado, algunos analistas advierten que este tipo de declaraciones podría tener repercusiones en las relaciones diplomáticas de Perú, especialmente con Venezuela. La complejidad del contexto político actual exige que el Congreso actúe con cautela, sopesando no solo los beneficios de la medida, sino también las posibles consecuencias a nivel regional.

El debate sobre estas mociones está lejos de ser sencillo. Los legisladores deberán evaluar los aspectos legales y normativos que conllevan a una declaración de esta magnitud. Esto incluye la definición precisa de "terrorismo" y cómo se aplicaría en el contexto del narcotráfico. En un país que ha luchado contra el terrorismo en el pasado, esta discusión resulta crucial.

Con el futuro del país, y de la región, en juego, el Congreso peruano se enfrenta a una encrucijada que podría definir su postura frente al narcotráfico y a los regímenes autoritarios. La decisión que tomen no solo impactará la política interna, sino que también enviará un mensaje claro a otras naciones sobre el compromiso de Perú en la lucha contra el crimen organizado.