Escándalo financiero: pareja de Herrero Brigantina niega acusaciones en Audiencia Nacional

La situación judicial de los cabecillas de Herrero Brigantina, Juan González Herrero y su esposa, Kelly Galeano, ha alcanzado un nuevo capítulo en la Audiencia Nacional, donde ambos han rechazado las acusaciones que les imputan. Los cargos que enfrentan incluyen estafa, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y apropiación indebida en relación con la comercialización de productos financieros no autorizados. Este escándalo ha dejado a miles de afectados en una situación económica precaria, lo que ha llevado a una serie de investigaciones judiciales que siguen su curso. Durante la audiencia, Juan González Herrero respondió a las preguntas tanto de la Fiscalía como de su defensa, mientras que Kelly Galeano optó por no hacer declaraciones fuera de lo que su abogado le planteó. Ambos mantuvieron su inocencia y se mostraron firmes en su rechazo a los cargos que les han sido imputados. Esta negativa se produce en un contexto en el que la presión pública y el descontento de los afectados crecen día a día. El juez Santiago Pedraz, quien lleva el caso, ha estado investigando a Herrero Brigantina desde enero de 2024. Según los informes, la empresa ofrecía rentabilidades superiores al 50% a través de productos de inversión y ahorro, utilizando fraudulentamente la imagen de empresas aseguradoras reconocidas. Esta estrategia ha resultado en un gran número de reclamaciones, ya que muchos inversores han encontrado dificultades para recuperar sus fondos tras solicitar el rescate de las pólizas. Uno de los aspectos más alarmantes de esta estafa es que la empresa no contaba con la autorización para operar como aseguradora ni para distribuir productos financieros. A pesar de ello, se dedicó a comercializar planes de pensiones, hipotecas y préstamos, prometiendo a sus clientes que estos estaban asegurados. La realidad ha sido muy diferente, y muchos de los afectados han denunciado que no han podido recuperar el dinero que invirtieron, lo que ha generado un profundo sentimiento de desconfianza en el sector. Aunque aún no se ha determinado con precisión el número de perjudicados, se estima que podría haber más de 35,000 clientes en toda Europa, incluidos pymes, autónomos y particulares. Algunos de estos afectados reclaman cuantías que superan los 300,000 euros, lo que pone de manifiesto la magnitud de la estafa. La suma total de los importes defraudados podría superar los 70 millones de euros, según algunas acusaciones. La asociación que inició esta investigación, la Asociación Nacional en Defensa del Consumo Español de Servicios (ANCES), presentó una querella contra Herrero Brigantina y North Atlantic Insure Broker, lo que dio pie a un proceso judicial que ha ido ampliándose. La querella original se extendió posteriormente al consejero delegado Juan Carlos González Herrero y a otras personas cercanas a él, incluyendo a su esposa, Kelly Galeano, quien ocupa un importante cargo dentro de la empresa. Además de la pareja, también están siendo investigados los hermanos Jorge y Carlos Álvarez-Hevia, primos de González Herrero, así como Rufino Fernández, quien ya ha declarado ante el juez. Un número considerable de antiguos empleados y colaboradores de la empresa también están en la lista de investigados y se espera que comparezcan en los próximos días. Esto sugiere que la red de complicidad podría ser más amplia de lo que inicialmente se pensaba. Según el auto judicial, el Grupo Herrero Brigantina comercializó seguros de ahorro a sabiendas de que la rentabilidad prometida no iba a ser pagada, y que además no contaban con el respaldo de ninguna aseguradora. Esta estrategia fue diseñada para hacer que la contratación de estos productos pareciera fiable y atractiva para los clientes, lo que alimentó la confianza de los inversores en un sistema que en realidad era un fraude. La situación se torna cada vez más crítica a medida que se acumulan las pruebas en contra de los acusados, y el clamor de los afectados por justicia no cesa. La Audiencia Nacional se enfrenta a la responsabilidad no solo de esclarecer los hechos, sino también de proporcionar respuestas a miles de personas que han sido víctimas de este esquema que ha dejado una estela de desconfianza en el sector financiero. La espera por un fallo que traiga claridad y justicia se hace cada vez más angustiante para aquellos que confían en que el sistema les protegerá.