
Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.




La situación del programa de Cuidados Paliativos (CP) del Instituto Nacional del Cáncer es alarmante y refleja una realidad desgarradora que afecta a los pacientes más vulnerables en nuestro país. La doctora Mariana Pechenick, referente del área, ha alzado la voz para denunciar un desmantelamiento que, en sus propias palabras, representa un profundo descuido de los derechos humanos de quienes padecen esta enfermedad. La suspensión de tratamientos que alivian el dolor de los enfermos de cáncer no es solo una estadística; son vidas que dependen de la asistencia médica que, lamentablemente, está siendo recortada. Este desmantelamiento se produce en un contexto de recortes más amplios en el ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones. Los despidos en hospitales clave y el vaciamiento de programas críticos no solo comprometen la atención de los pacientes oncológicos, sino que también afectan a aquellos que sufren diversas enfermedades como VIH, hepatitis y tuberculosis. En un país donde la pobreza está en aumento, la falta de acceso a tratamientos médicos adecuados se convierte en un círculo vicioso que perpetúa la desigualdad y el sufrimiento. La organización gremial de profesionales y trabajadores de la salud ha advertido que estos recortes han tenido consecuencias trágicas. Centenares de pacientes han visto interrumpidos sus tratamientos, y al menos 60 personas han perdido la vida a causa de la falta de medicamentos oncológicos. Este fenómeno no solo es inaceptable, sino que también plantea serias interrogantes sobre la ética de la política de salud del gobierno. La falta de respuesta y la desatención a las necesidades urgentes de estos pacientes son una muestra clara de una crueldad institucional que no puede ser ignorada. La situación se agrava aún más cuando se considera que en menos de 48 horas, varias direcciones de salud fueron disueltas, incluyendo la Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), a pesar de que un fallo judicial obligaba al Gobierno a proveer medicamentos a pacientes con cáncer. La apelación del Estado a este fallo es un acto que parece desafiar no solo a la justicia, sino también a la dignidad humana de quienes enfrentan el cáncer. En medio de esta crisis, el ministro de Salud desmiente el desfinanciamiento y habla de "ejecutar con eficiencia los recursos". Sin embargo, un estudio del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) revela la subejecución alarmante de fondos en el área de salud, contrastando las cifras con otros sectores, como las Fuerzas Armadas, que parecen gozar de un trato preferencial. La salud pública no solo se ve afectada por la falta de recursos, sino que también se siente el impacto del abandono sistemático por parte de un Estado que debería proteger a sus ciudadanos. A pesar de este panorama sombrío, existe un rayo de esperanza. La marcha federal convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital "Garrahan" y otros movimientos de trabajadores de la salud ha unido a diversas organizaciones en defensa del sistema de salud pública. Su consigna "No negociamos el derecho a la salud y a la vida" resuena con fuerza en un momento donde la solidaridad y la organización son más necesarias que nunca. Esta movilización busca visibilizar la realidad que viven diariamente millones de argentinos y exigir un cambio en las políticas que afectan directamente el acceso a la salud. En un contexto donde la crueldad se manifiesta en múltiples formas, también hay una dimensión digital que inquieta. Recientemente, un video creado con inteligencia artificial ha capturado la atención mundial, mostrando a líderes prominentes en un contexto grotesco e insensible. La crítica del psicoanalista Sergio Zabalza sobre este "goce de la crueldad digital" resuena con lo que estamos viviendo en el ámbito de la salud. Nos enfrentamos a la deshumanización de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, donde la vida de los más desfavorecidos es tratada como un mero dato estadístico. La crueldad no se limita a la falta de medicamentos o atención médica; también se manifiesta en la indiferencia hacia el sufrimiento humano. La desatención a las necesidades de los pacientes con cáncer es un reflejo de una política que parece haber perdido de vista el valor de la vida y la dignidad de las personas. En este sentido, es fundamental que la sociedad tome conciencia de lo que está en juego y exija a sus representantes que prioricen la salud y el bienestar colectivo. En definitiva, la situación actual del programa de Cuidados Paliativos y del sistema de salud en general es un llamado urgente a la acción. Los pacientes con cáncer y otros enfermos merecen atención, respeto y, sobre todo, la garantía de que sus derechos fundamentales serán protegidos. La crueldad institucional no puede convertirse en la norma; es nuestra responsabilidad colectiva luchar por un sistema de salud que respete la vida y dignidad de cada persona.