Recortes alarmantes en salud infantil y VIH en el último año de AMLO

Durante el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el sector salud, especialmente el que atiende a la infancia y adolescencia, sufrió recortes significativos en su presupuesto. Según informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se destinaron más de 11 mil millones de pesos menos a institutos estratégicos que se ocupan de la salud de los niños, el combate al VIH y el cáncer de mama, así como la planificación familiar. Este ajuste ha generado preocupaciones tanto entre especialistas como entre padres de familia. El Centro Nacional de Salud de la Infancia y la Adolescencia fue el más afectado por estos recortes. Se le habían aprobado 14 mil 121 millones de pesos para el año 2024, sin embargo, terminó con un gasto real de solo 5 mil 50 millones, lo que representa un drástico recorte del 64%. Esta situación es alarmante, dado que este organismo tiene como misión fundamental implementar y evaluar las políticas nacionales en salud infantil y adolescentil, así como garantizar la vacunación en la población. En un contexto donde la salud infantil es considerada una prioridad en cualquier administración, el recorte presupuestario suscita cuestionamientos sobre la efectividad de la política pública en este ámbito. A pesar de las promesas de mejorar el sistema de salud hasta niveles similares al de Dinamarca, los datos reflejan una realidad que dista mucho de esa aspiración. Por otro lado, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH (Censida) también vio mermado su presupuesto en un 10.5%. Este recorte se traduce en la reducción de recursos vitales para el abasto de antirretrovirales y otros tratamientos esenciales para combatir el VIH y las enfermedades de transmisión sexual. La disminución de 58 millones de pesos en su presupuesto pone en riesgo la salud de miles de mexicanos que dependen de estos tratamientos. El Centro de Control de Enfermedades, Equidad de Género y Salud Reproductiva sufrió un recorte aún más drástico, del 52%. De un presupuesto de 2 mil 538 millones de pesos, se redujo a solo mil 203 millones. Esta instancia no solo se encarga de la planificación familiar y la salud sexual y reproductiva, sino también de la prevención de violencia familiar, lo que resalta la gravedad de la situación. La atención a la salud materna y perinatal, así como a la prevención del cáncer cérvico-uterino y de mama, se ven comprometidas por la reducción de fondos. Estas áreas son cruciales para asegurar el bienestar de las mujeres y los niños en el país, y los recortes podrían tener repercusiones a largo plazo en la calidad de vida de estos grupos. Por su parte, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades reportó una reducción del 43.5% en su presupuesto, pasando de mil 398 millones a un gasto modificado de 790 millones. Este centro es esencial para la prevención de enfermedades como la rabia, el dengue y otras patologías que afectan la salud pública. Mientras tanto, los recortes en el sector salud contrastan drásticamente con el aumento en el presupuesto destinado a las megaobras del gobierno. Proyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya han recibido, según los reportes de Hacienda, recursos significativamente mayores a los originalmente programados. Este hecho plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno en términos de inversión pública. El Corredor Interoceánico, por ejemplo, no solo superó su gasto programado en más del 80%, sino que también recibió un desembolso de 30 mil 915 millones de pesos, muy por encima de los 17 mil 133 millones inicialmente aprobados por la Cámara de Diputados. Estos contrastes en la asignación de recursos revelan un patrón que podría sugerir una falta de atención a las necesidades más urgentes de salud pública en favor de proyectos de infraestructura. La discrepancia en la asignación de recursos es un reflejo de las prioridades del gobierno. Mientras que la salud de los niños y de la población vulnerable se ve afectada por recortes drásticos, las obras de infraestructura parecen recibir un tratamiento privilegiado. Esta situación no solo es preocupante, sino que también podría tener implicaciones a largo plazo en la salud y el bienestar de las futuras generaciones. En conclusión, se hace evidente la necesidad de un replanteamiento en las políticas de asignación de recursos, especialmente en el ámbito de la salud, donde cada peso cuenta en la lucha por garantizar el bienestar y la vida de millones de mexicanos. La salud de los niños y adolescentes no debería ser una variable en la ecuación del gasto público. Por el contrario, debe ser considerada una inversión crítica para el futuro del país.