Recortes en salud pública generan crisis en tratamiento de tuberculosis y hepatitis

Recortes en salud pública generan crisis en tratamiento de tuberculosis y hepatitis

El cierre de coordinaciones para tratar tuberculosis y hepatitis genera preocupación en salud pública, afectando a la población vulnerable.

Juan Brignardello Vela, asesor de seguros

Juan Brignardello Vela

Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.

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Salud

El reciente cierre de las coordinaciones que elaboran políticas públicas para el tratamiento de la tuberculosis y hepatitis en el país ha generado una profunda preocupación en el ámbito de la salud pública. En un momento crítico, donde los diagnósticos de tuberculosis están en aumento y las hepatitis virales se mantienen como infecciones transmisibles de alta prevalencia, la decisión del ministro de salud, Mario Lugones, ha sido calificada como un ataque directo a la salud de la población más vulnerable. Desde el año pasado, organizaciones y profesionales de la salud han estado denunciando la falta de recursos y la inacción del gobierno en relación a la adquisición de tratamientos y reactivos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades. José María Di Bello, psicólogo e integrante de la Fundación GEP, destaca que esta medida de recorte presupuestario y la eliminación de las coordinaciones exacerban una crisis que ya está en curso. "No hay tregua", afirma Di Bello, al referirse a las limitaciones que enfrentan tanto los pacientes como los médicos en el acceso a tratamientos adecuados. El presupuesto asignado para el año 2024 ha sido recortado en un 76% para VIH, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. A pesar de que el número de diagnósticos para tuberculosis oscila entre 11,000 y 12,000 casos anuales, el gobierno ha planeado una meta de tratamiento para solo 13,000 personas, que posteriormente se redujo en casi un 20%. Esta tendencia de desfinanciamiento y desmantelamiento de políticas públicas resulta alarmante, especialmente en un contexto donde la demanda de tratamientos efectivos es cada vez mayor. En el caso de las hepatitis, la situación es igualmente preocupante. Con un alarmante subregistro histórico, se estima que solo el 30% de las personas diagnosticadas con hepatitis B o C conocen su condición. Esto significa que un 70% de la población afectada permanece en la oscuridad, sin acceso a tratamientos que podrían salvar sus vidas. A pesar de los aumentos en los casos, el gobierno ha prorrogado el presupuesto de 2023 sin implementar nuevas campañas de prevención, lo que pone en riesgo a más personas. Las coordinaciones que han sido eliminadas eran responsables de planificar acciones concretas, políticas públicas y campañas de prevención. Sin su funcionamiento, muchas de estas iniciativas se han visto paralizadas. En 2024, por ejemplo, no ha habido ninguna campaña de concientización, sumando a la crítica situación de salud pública que sufren miles de personas en el país. El tratamiento de la tuberculosis presenta aún más complicaciones, ya que hay un incremento de casos de tuberculosis resistente y multirresistente. Estas formas de la enfermedad requieren tratamientos especializados, cuyos costos son elevados y deben ser adquiridos a farmacéuticas internacionales. Sin embargo, la falta de médicos en el equipo nacional, debido al cierre de la coordinadora de tuberculosis, ha dejado a decenas de pacientes esperando por autorizaciones para recibir esos tratamientos críticos. El impacto de esta situación no solo afecta la salud de los pacientes, sino que también repercute en su capacidad para llevar una vida normal. Aquellos diagnosticados con tuberculosis a menudo deben interrumpir sus actividades laborales, lo que agrava su situación económica, especialmente en un país donde la pobreza y el hacinamiento son realidades cotidianas. La transmisión de la enfermedad se intensifica en estos contextos, lo que exige una respuesta urgente y efectiva por parte del Estado. Además, la estrategia del gobierno de delegar la responsabilidad a las provincias para la atención de estas patologías resulta problemática. Las provincias, al carecer de la misma capacidad presupuestaria que el Estado nacional, se verán en la imposibilidad de adquirir tratamientos de manera eficiente, lo que llevará a un aumento de costos y a un acceso limitado a la atención médica. La ley que establece la necesidad de una respuesta integral a las infecciones como VIH, hepatitis y tuberculosis estipula que el Estado nacional debe garantizar el acceso a los tratamientos y a un presupuesto adecuado. Sin embargo, la implementación de esta ley ha sido deficiente, con la creación de una Comisión Nacional que solo se ha reunido una vez en el año 2024, muy por debajo de lo estipulado. Los recortes en salud y la desfinanciación de programas esenciales conllevan un riesgo severo para la vida de muchas personas. Di Bello expresa su preocupación al afirmar que "están planificando un genocidio", refiriéndose a las consecuencias fatales que esta política puede acarrear. Lo que está en juego es nada menos que el derecho a la salud de miles de ciudadanos, quienes, en un escenario sombrío, podrían convertirse en las primeras víctimas de un sistema que prioriza el ahorro sobre la vida. La situación actual exige una respuesta inmediata y contundente. La salud pública no puede ser objeto de recortes ni de decisiones que desmantelan años de trabajo y avances en el tratamiento de enfermedades que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad. Es esencial que la comunidad y los profesionales de la salud se unan para exigir al gobierno el restablecimiento de las coordinaciones y un compromiso real con políticas públicas que garantizan la salud de todos.

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