Urgente protesta en Buenos Aires por crisis sanitaria y disolución de direcciones clave

Este martes 14 de enero de 2024, un centenar de personas se congregó a las puertas del Ministerio de Salud de la Nación en Buenos Aires, dando lugar a una manifestación que buscó visibilizar la crisis sanitaria que atraviesa el país. Esta movilización, organizada por colectivos de pacientes, profesionales de la salud y diversas organizaciones de la sociedad civil, se centró en la exigencia de una audiencia urgente con el ministro Mario Lugones. El motivo detrás de esta demanda es la reciente disolución de las direcciones nacionales encargadas de enfermedades críticas como el VIH, la tuberculosis, la lepra y las hepatitis, así como otros 14 organismos dependientes del ministerio, según lo dispuesto por la resolución 1138/24. Los representantes de estas agrupaciones han argumentado que estas coordinaciones han sido fundamentales para diseñar y ejecutar políticas públicas que aseguran el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de estas patologías. En su declaración, los manifestantes señalaron que esta decisión no solo contraviene la Ley 27.675, que establece la necesidad de una respuesta integral e intersectorial para enfrentar estas enfermedades, sino que también pone en riesgo los compromisos internacionales asumidos por Argentina, como la meta de la OMS para la eliminación de la tuberculosis y las hepatitis virales para el año 2030. Las cifras son alarmantes: un aumento del 11,94% en los casos de tuberculosis entre 2023 y 2024, con un crecimiento particularmente preocupante de los casos de tuberculosis multirresistente. En el mismo sentido, más de 470.000 argentinos viven con hepatitis B o C, pero solo el 30% de ellos tiene conocimiento de su diagnóstico. Estas estadísticas evidencian una crisis de salud pública que, según los convocados, exige una respuesta estatal robusta y comprometida, en lugar de medidas que desmantelen estructuras críticas de atención. En su carta dirigida al ministro, los convocantes solicitaron una audiencia para discutir cómo se garantizará el cumplimiento de las leyes existentes y los compromisos internacionales tras la disolución de las mencionadas coordinaciones. También hicieron hincapié en la necesidad de establecer estrategias conjuntas que aseguren la protección de la salud pública y el acceso universal a diagnósticos y tratamientos, especialmente para las poblaciones más vulnerables, como niños, adolescentes y personas en situación de pobreza. La disolución de estas coordinaciones ha suscitado un profundo malestar entre los profesionales de la salud, quienes advierten que la falta de atención y políticas sostenidas puede generar un retroceso en el acceso a tratamientos y medicamentos para enfermedades prevenibles y tratables. Desde la Sociedad Científica y Civil contra la tuberculosis, se expresó que "la salud no puede retroceder", subrayando la importancia de restablecer estas estructuras para salvaguardar la vida y los derechos de la población. Además, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) ha denunciado que la interrupción de servicios en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), ahora conocida como DINADIC, ha llevado a un incremento de fallecimientos debido a la falta de provisión de medicamentos. Desde el comienzo de 2024, se contabilizan al menos 60 muertes atribuidas a esta crisis en la atención médica. El contexto se agrava por la reciente decisión del gobierno de Javier Milei de disolver la DADSE, que desde 2004 había brindado asistencia económica a personas en situación de vulnerabilidad social y sin cobertura médica. Esta medida ha generado una sensación de desamparo en muchas familias que dependen de tratamientos para enfermedades poco frecuentes, exacerbando la ya precaria situación de salud pública en el país. Las organizaciones presentes en la manifestación han enfatizado que el cierre de estas direcciones no solo afecta a los pacientes de enfermedades críticas, sino que también tiene repercusiones en otras áreas de la salud, como la prevención de enfermedades de transmisión sexual. La falta de atención integral implica que cada provincia se vea obligada a lidiar con estos problemas de manera aislada, lo que resulta en un enfoque fragmentado que solo complica aún más la situación. A medida que las organizaciones esperan una respuesta favorable a su pedido de audiencia, el clamor por políticas públicas sostenibles y con perspectiva de derechos humanos se hace cada vez más urgente. La defensa de la salud pública y el acceso a tratamientos se ha convertido en una prioridad para un amplio espectro de la sociedad argentina, que no está dispuesta a aceptar recortes que pongan en jaque la vida de miles de pacientes en todo el país. La lucha por la salud es, sin duda, una lucha por la vida misma.