
Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.




Las decisiones políticas tomadas por la administración Trump están generando una alarmante crisis de salud pública que podría tener un impacto devastador en la lucha global contra el VIH/SIDA. Un reciente análisis realizado por la ONU advierte que más de seis millones de personas podrían perder la vida a causa de esta enfermedad en los próximos cuatro años si Estados Unidos continúa reduciendo su financiamiento a programas internacionales. Esta situación pone de manifiesto la grave repercusión que los recortes en asistencia exterior pueden tener en las comunidades más vulnerables del planeta. Las repercusiones de estas medidas ya son evidentes. Una encuesta realizada por la Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA (amfAR) revela que más de un tercio de las organizaciones que dependían de fondos estadounidenses para combatir el VIH han cerrado o reducido drásticamente sus operaciones. Este hecho ha llevado a que cientos de miles de personas queden sin acceso a tratamientos vitales y a servicios esenciales como pruebas de detección y prevención, poniendo en riesgo la vida de innumerables personas. Desde enero de 2025, tras la emisión de una orden ejecutiva para suspender la asistencia exterior, el panorama se ha vuelto desolador. La decisión del secretario de Estado, Marco Rubio, de paralizar la ayuda existente no solo ha cerrado puertas a programas que salvan vidas, sino que también ha dejado a muchas organizaciones sin recursos para seguir operando. La pérdida de financiamiento ha llevado a un colapso en la atención médica relacionada con el VIH, afectando de manera desproporcionada a las comunidades más pobres, especialmente en el África subsahariana. La situación es particularmente alarmante en lo que respecta a la transmisión materno-infantil del VIH, donde se estima que 1.400 bebés están siendo infectados diariamente. Este escenario es alarmante, dado que en 2020 se registraron 310.000 nuevas infecciones en niños, lo que equivale a un contagio cada dos minutos. La mayoría de estas infecciones ocurren en regiones donde el acceso a tratamientos es ya limitado, y estos recortes han exacerbado una crisis que debería ser evitable. Se estima que el 90% de las organizaciones encuestadas por amfAR han experimentado severas limitaciones en su capacidad para ofrecer servicios relacionados con el VIH desde la implementación de los recortes. La interrupción de servicios críticos, como el seguimiento del tratamiento y la atención a la violencia de género, ha dejado a muchas personas desprotegidas y ha aumentado el riesgo de más infecciones y muertes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha tardado en expresar su preocupación ante esta situación crítica. En su informe, advierte sobre un posible retroceso de dos décadas en los avances logrados en la lucha contra el VIH/SIDA, malaria y tuberculosis, entre otras enfermedades. Estas predicciones son devastadoras, ya que podrían resultar en hasta tres millones de muertes adicionales por año, afectando no solo a las naciones receptoras de la ayuda, sino también a la seguridad sanitaria global. Evidentemente, los recortes en la financiación de programas de salud impactan no solo a los países que reciben la ayuda, sino que también amenazan la salud pública en Estados Unidos. La cooperación internacional es vital para mantener los progresos obtenidos en la lucha contra las enfermedades infecciosas y el VIH/SIDA es uno de los frentes más críticos. La decisión de recortar fondos puede resultar en un boomerang de consecuencias que tarde o temprano afectará también a la población estadounidense. En América Latina, los efectos son igualmente preocupantes. La cancelación del 83% de los programas coordinados por USAID ha impactado a más de 5.200 iniciativas en la región, congelando cerca de 600 millones de dólares destinados a salud pública. La paralización de estos proyectos no solo afecta la atención a la salud, sino que también provoca despidos y frena el desarrollo de comunidades que dependen de estos servicios. Ante esta crisis, muchas organizaciones no gubernamentales y entidades estatales están buscando diversificar sus fuentes de financiación para poder continuar brindando sus servicios. Sin embargo, el camino para encontrar nuevos patrocinadores es arduo y complicado, especialmente en un contexto donde la necesidad es urgente y los fondos son limitados. Los recortes en salud impulsados por la administración Trump subrayan la importancia de la asistencia internacional y su papel en la lucha contra enfermedades devastadoras. La comunidad global debe unirse y abogar por la restauración de la financiación a programas que han demostrado ser esenciales en la lucha contra el VIH/SIDA. Sin un compromiso renovado, es probable que el mundo enfrente una crisis de salud pública de proporciones épicas.