Recortes drásticos en salud infantil y VIH acentúan crisis bajo López Obrador

En el marco del último año de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han revelado datos alarmantes sobre los recortes presupuestales en el sector salud, que afectan especialmente a los programas dirigidos a la infancia y a la atención de enfermedades críticas. Los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que se implementaron reducciones que superan los 11 mil millones de pesos en áreas clave como la salud de los niños, el combate al VIH, el cáncer de mama y la planificación familiar. El Centro Nacional de Salud de la Infancia y la Adolescencia ha sido el más perjudicado, recibiendo un impacto drástico con una disminución de 9 mil millones de pesos respecto a lo aprobado por el Congreso. Esta dependencia, que juega un papel fundamental en el establecimiento de políticas de salud para la población infantil y adolescente, vio su presupuesto reducido en un 64%. De los 14 mil 121 millones de pesos autorizados para 2024, solo se ejercieron 5 mil 50 millones, lo que plantea serias interrogantes sobre el futuro de la atención médica para los más jóvenes. La situación no es menos preocupante para el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH (Censida), el cual sufrió un recorte del 10.5%. Este centro, encargado de la distribución de antirretrovirales y de mejorar la prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, tuvo que operar con 58 millones de pesos menos. Este recorte impacta directamente en los esfuerzos por combatir el VIH y garantizar un diagnóstico y tratamiento oportuno para quienes lo necesitan. Además, el Centro de Control de Enfermedades, Equidad de Género y Salud Reproductiva, que se encarga de políticas fundamentales como la planificación familiar y la salud sexual, vio su presupuesto reducido en un 52%. De un total de 2 mil 538 millones de pesos, solo se le asignaron mil 203 millones. Esta reducción pone en riesgo programas clave que abordan la salud materna y perinatal, así como la prevención de enfermedades graves como el cáncer cervicouterino y de mama. Por su parte, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades también experimentó una disminución significativa en su presupuesto, con un recorte del 43.5%. Este centro, vital para la prevención de enfermedades como el dengue y otras zoonosis, recibió solo mil 398 millones de pesos, lo que plantea serias dudas sobre su capacidad para llevar a cabo programas de salud pública efectivos. En contraste con estos drásticos recortes en el sector salud, las megaobras promovidas por el gobierno de López Obrador han recibido un trato favorable y un aumento en sus presupuestos. Proyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec vieron sus gastos programados sobrepasar el 80%, con un desembolso total de 30 mil 915 millones de pesos, muy por encima de los 17 mil 133 millones inicialmente aprobados. Asimismo, el Ferrocarril del Istmo recibió un monto adicional significativo, alcanzando 27 mil 618 millones de pesos más de lo previsto. Esta situación plantea un claro desbalance en la asignación de recursos, donde las prioridades de gasto gubernamental parecen haber cambiado drásticamente, favoreciendo obras de infraestructura sobre la atención a la salud pública. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo también refleja esta tendencia, pasando de 866 millones de pesos a más de 115 mil millones en el contexto de la construcción del Tren Maya. Este tipo de asignaciones, en medio de recortes drásticos a programas de salud fundamentales, ha generado un clima de preocupación y descontento entre los ciudadanos y expertos en salud. La administración de López Obrador había prometido un sistema de salud que rivalizara con el de países como Dinamarca. Sin embargo, estos recortes presupuestarios en sectores críticos para la salud pública parecen contradecir esa promesa, haciendo cada vez más evidente una desconexión entre las políticas anunciadas y la realidad de la atención médica en el país. La situación exige un análisis profundo y un debate urgente en torno a las prioridades del gobierno, especialmente en un contexto donde la salud de la población, y en particular la de los más jóvenes, debería ser una de las principales preocupaciones del Estado. Las consecuencias de estos recortes podrían ser devastadoras y afectar no solo el bienestar inmediato, sino también el futuro de generaciones enteras.