Aprobación de nuevas reformas electorales genera controversia en Perú ante 2026

La reciente aprobación por parte de la Comisión de Constitución del Congreso del Perú de un dictamen que simplifica la cédula de votación para las elecciones generales del 2026 ha generado un amplio debate en el ámbito político y electoral. La decisión de que la cédula de sufragio tenga una sola hoja y que su contenido sea indivisible busca facilitar el proceso de votación, pero también trae consigo una serie de modificaciones que podrían impactar la forma en que se llevan a cabo las elecciones en el país. Este dictamen fue aprobado con una notable mayoría: 18 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, lo que refleja un consenso significativo dentro de la Comisión sobre la necesidad de actualizar y simplificar el proceso electoral. Durante la presentación de la cédula de sufragio por parte del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se destacó que la nueva cédula incluirá el nombre de la organización política, el símbolo y la fotografía del candidato a la presidencia, elementos que buscan hacer más accesible la identificación de los candidatos para los votantes. Sin embargo, la aprobación de este dictamen no ha estado exenta de controversia. Uno de los puntos más debatidos fue la modificación de criterios y plazos para el proceso electoral, que incluye la calificación de candidaturas a cargo de los órganos estatutarios de cada partido y la calificación integral a cargo de los Jurados Electorales Especiales. Estas modificaciones son vistas por algunos como un intento de incrementar el control del Estado sobre los procesos internos de los partidos políticos. En cuanto a la inscripción de alianzas electorales, el nuevo marco establece que estas deberán solicitarse hasta 120 días calendario antes de las elecciones primarias, fijando el 2 de agosto de 2025 como fecha límite. Esta medida podría tener un impacto significativo en la estrategia de los partidos políticos, que deberán actuar con mayor anticipación para formar coaliciones. Uno de los aspectos más relevantes del dictamen es la conformación de mesas de sufragio en el exterior, que se realizará con un mínimo de 350 ciudadanos habilitados para votar y un máximo de 500. Esta disposición busca garantizar la participación de los peruanos en el extranjero, aunque plantea interrogantes sobre cómo se organizarán estas mesas en países donde la población peruana es menor. La discusión en la Comisión de Constitución también abordó la cuestión del voto preferencial y su eventual eliminación en la elección de senadores y representantes ante el Parlamento Andino. Una propuesta para que dichas elecciones se realicen mediante lista única y cerrada fue rechazada, tras la intervención del congresista Elías Dávalos, quien planteó la cuestión previa para retirar la propuesta del dictamen. Este rechazo pone de manifiesto las tensiones existentes sobre la representación política y el deseo de algunos sectores de limitar el poder de decisión del votante en favor de un sistema más controlado por las propias agrupaciones políticas. A medida que se acercan las elecciones del 2026, la implementación de estas reformas será clave no solo para el proceso electoral en sí, sino también para la percepción pública de la legitimidad del sistema político peruano. La simplificación de la cédula de votación podría ser vista como un paso positivo hacia la modernización del proceso electoral, aunque también es necesario considerar las implicaciones de las modificaciones propuestas y cómo estas afectarán la participación ciudadana. La ONPE, encargada de operar este nuevo sistema electoral, tendrá el reto de comunicar estos cambios de manera efectiva para que los votantes comprendan cómo funcionará el proceso. La educación cívica y la información clara serán fundamentales para garantizar que los ciudadanos se sientan cómodos y seguros al ejercer su derecho al voto. En resumen, la aprobación del dictamen por la Comisión de Constitución representa un intento por parte del Congreso de responder a las críticas sobre la complejidad del sistema electoral peruano. No obstante, las modificaciones plantean nuevos desafíos y abren un espacio para el debate sobre cómo se deben gestionar las elecciones en un contexto en constante evolución. El futuro político del Perú podría depender en gran medida de cómo se implementen estas reformas y de la capacidad de los partidos políticos para adaptarse a un nuevo panorama electoral.