Crisis migrante en EE. UU.: represión y temor entre residentes legales y estudiantes

La situación de las personas migrantes en Estados Unidos ha experimentado cambios significativos en los últimos años, especialmente desde la llegada al poder de Donald Trump y su enfoque restrictivo hacia la migración. Desde su presidencia, se ha ampliado el espectro de individuos que pueden ser objeto de detención y deportación, afectando no solo a aquellos que cruzan la frontera de manera irregular, sino también a millones que ya se encuentran en el país sin un estatus legal claro o con permisos temporales. La administración de Joe Biden, aunque ha intentado revertir algunas de las políticas más duras de Trump, se ha centrado en el control de la migración en la frontera, descuidando a quienes residen en Estados Unidos. Esto ha llevado a un aumento en la represión contra residentes legales permanentes, conocidos como titulares de la green card, y otros extranjeros con visados de estudiante. A pesar de que antes se consideraban a salvo de la deportación por delitos menores cometidos hace años, hoy en día se están realizando detenciones en estos grupos, generando un clima de incertidumbre y temor. La revocación de la condición migratoria y la deportación no son fenómenos nuevos; sin embargo, lo que ha cambiado es la agresividad con la que se están llevando a cabo. La reciente detención de estudiantes y trabajadores internacionales, sin que hayan cometido delitos ni infracciones específicas, parece ser una respuesta a su activismo político, especialmente en torno a temas delicados como el conflicto de Gaza. Este tipo de acciones han generado una fuerte resistencia legal, con numerosos casos siendo impugnados en los tribunales. En cuanto a los procedimientos de deportación, la falta de representación legal para los migrantes es alarmante. A diferencia de los procesos penales, donde el gobierno está obligado a proporcionar un abogado, en los casos de inmigración, los migrantes deben buscar y pagar a un abogado por su cuenta. Esta situación ha llevado a que apenas el 32 por ciento de los migrantes cuenten con representación legal en sus procesos, un factor que complica significativamente su lucha por mantener su estatus en el país. La administración de Trump también ha ampliado el uso de la expulsión acelerada, permitiendo a los agentes deportar a personas que han estado en el país por menos de dos años sin la oportunidad de una audiencia judicial. Además, se ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros, que otorga al presidente la facultad de deportar a "enemigos extranjeros" sin el debido proceso, una medida que ha sido objeto de controversia y resistencia judicial. Una de las historias más impactantes en este contexto es la de Kilmar Armando Abrego García, quien fue deportado por error a El Salvador a pesar de estar legalmente en Estados Unidos. Este caso pone de manifiesto no solo la posibilidad de errores administrativos, sino también la falta de mecanismos efectivos para corregir tales injusticias. La Corte Suprema ha intervenido, pero la situación sigue siendo incierta. En términos de acceso a programas públicos, poco ha cambiado. Los titulares de una green card deben esperar cinco años para poder acceder a Medicaid, y los migrantes no autorizados tienen opciones limitadas, con solo 19 estados, Washington D.C. y Puerto Rico permitiendo la obtención de permisos de conducir. Esta disparidad crea barreras significativas para la integración de los migrantes en la sociedad estadounidense. Asimismo, la vigilancia en las fronteras y puertos de entrada se ha intensificado, con procedimientos que permiten a los funcionarios de migración revisar y registrar las pertenencias de los viajeros, incluyendo sus teléfonos y cuentas de redes sociales. Esta práctica ha llevado a que se niegue la entrada a personas cuyos mensajes puedan sugerir críticas a Estados Unidos o Israel, lo que plantea serias preguntas sobre los derechos de libertad de expresión. En un contexto de creciente represión y restricciones, muchos migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, enfrentándose no solo a la posibilidad de la deportación, sino también a la incertidumbre sobre su futuro y el de sus familias. La comunidad migrante se enfrenta a un panorama complejo, donde los derechos que alguna vez consideraron garantizados están siendo desafiados constantemente. Es fundamental que la sociedad estadounidense, incluidos los responsables políticos y la ciudadanía, tome conciencia de la situación actual de los migrantes y se sume a la defensa de sus derechos. La historia de Estados Unidos se ha tejido con hilos de diversidad y oportunidades, y es crucial que este legado se mantenga, garantizando que todos los que buscan una vida mejor tengan la oportunidad de hacerlo sin miedo a la deportación o a la pérdida de sus derechos fundamentales.