Andrés Hurtado en la cuerda floja: acusaciones de soborno complican su defensa

La situación legal de Andrés Hurtado, conocido coloquialmente como 'Chibolín', se ha vuelto aún más complicada tras la reciente acusación de su exabogado, Russell Robles González, quien ha afirmado que recibió dinero de su cliente con el objetivo de sobornar a un juez para lograr su liberación. Esta revelación no solo pone en tela de juicio la integridad de Hurtado, sino que también podría acarrear graves consecuencias legales para ambos implicados. Actualmente, Hurtado enfrenta dos mandatos de prisión preventiva: uno de 18 meses relacionado con un presunto soborno a una fiscal, y otro de 9 meses por la manipulación de la documentación de un futbolista. La reciente declaración de Robles González introduce un nuevo elemento que podría complicar aún más su situación. Según su versión, Hurtado le habría entregado 20 mil dólares y 12,500 soles para sobornar al juez supremo Juan Carlos Checkley, con la intención de celebrar las fiestas navideñas en libertad. Robles González, quien se había encargado de la defensa legal de Hurtado, ha indicado que el dinero que recibió no se utilizó conforme a lo pactado. En lugar de entregarlo al juez, el abogado afirma que utilizó los fondos para saldar deudas personales. Esta confesión podría ser la base de una nueva investigación por parte de la Fiscalía, que podría extenderse tanto a Hurtado como a Robles por cohecho y tráfico de influencias. Los abogados penalistas han destacado que esta nueva acusación podría llevar a Hurtado a enfrentar cargos de cohecho simple, un delito que conlleva una pena de 4 a 6 años de cárcel, incluso si el funcionario público no recibió el dinero. "Basta con la oferta o la mera promesa para que se considere que se está incurriendo en este delito", explicó el abogado Andy Carrión. La implicación de Robles González en este escándalo podría ser igualmente grave, dado que su conducta de solicitar dinero para influir en un funcionario podría constituir tráfico de influencias. En el marco de esta pesquisa, la Fiscalía ha comenzado a investigar más a fondo las finanzas de Hurtado. Se ha autorizado el levantamiento del secreto bancario del exconductor de televisión, lo que permitirá examinar de cerca sus movimientos económicos, así como sus actividades comerciales y financieras. Esta medida se justifica por los vínculos que Hurtado ha mantenido con varios alcaldes y su participación en cuestiones sociales a través de su programa de televisión. Además, la fiscalía está ampliando su investigación hacia otros individuos cercanos a Hurtado, incluyendo a su asistente personal, Kelly Medina Meza, quien ha sido señalada como posible testaferro. Medina ha estado involucrada en el manejo de diversas empresas vinculadas al exconductor, lo que aumenta la sospecha sobre la existencia de un esquema más amplio de lavado de activos. Las autoridades están centrando su atención en las relaciones comerciales de Hurtado, incluyendo transacciones que han despertado sospechas, como la venta y posterior devolución de una camioneta Porsche Cayenne. Esta operación, que involucró a los hermanos Sánchez Aranda, ha hecho que se cuestionen los verdaderos motivos detrás de las transacciones, poniendo en evidencia la posibilidad de que se trate de operaciones ligadas a actividades ilícitas. El Ministerio Público ha señalado que Hurtado podría estar vinculado a una organización criminal dedicada al lavado de activos, un cargo de extrema gravedad que podría acarrear penas severas. La supuesta estructura criminal, según los fiscales, habría estado operando con la finalidad de ocultar o transferir fondos provenientes de actividades delictivas. La defensa de Hurtado tendrá que enfrentar no solo la posibilidad de nuevos cargos por cohecho y tráfico de influencias, sino que también deberá lidiar con una imagen pública que se deteriora rápidamente. En este contexto, la posibilidad de solicitar una variación de su prisión preventiva a una comparecencia restringida se ve amenazada. Carrión ha señalado que el comportamiento de Hurtado ante estas nuevas revelaciones podría interpretarse como un intento de obstruir la justicia, lo que dificultaría cualquier intento de obtener una medida menos severa. Mientras tanto, la atención mediática no se reduce, ya que cada nuevo detalle sobre la vida y las actividades de 'Chibolín' se convierte en un tema de interés público. La opinión pública es testigo del desenlace de una historia que ha pasado de la comedia y el entretenimiento a una trama llena de acusaciones y sospechas de corrupción. Al final, la lucha de Andrés Hurtado por su libertad podría ser una batalla más complicada de lo que nunca imaginó, enfrentándose no solo a la justicia, sino también a la exigente mirada de la sociedad.