JNE refuerza filtros en inscripción política ante irregularidades en elecciones 2026

La reciente publicación de Martin Hidalgo en El Comercio ha desatado una serie de reflexiones sobre el rol del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el proceso democrático peruano. La noticia resalta la detección de serias irregularidades en la inscripción de seis organizaciones políticas de izquierda, lo que plantea la peligrosa posibilidad de que estas queden excluidas de la contienda electoral del 2026. Este escenario sugiere un cambio significativo en la postura del JNE, que parece decidido a actuar no solo como una ventana de acceso al poder, sino como una rigurosa puerta que debe ser atravesada por aquellos que buscan competir en el ámbito político. En el contexto de las elecciones pasadas, el JNE enfrentó críticas por su gestión, especialmente por la controversia que rodeó la admisión de la fórmula presidencial de Perú Libre en 2021. La falta de transparencia y el manejo deficiente de las irregularidades denunciadas socavaron la confianza pública en la institución. Ahora, parece que el nuevo liderazgo del JNE está tomando medidas para evitar repetir esos errores, estableciendo filtros más estrictos para la inscripción de organizaciones políticas y la validación de candidaturas. La responsabilidad del JNE va más allá de simplemente verificar documentos y cumplir con requisitos formales. Su papel como garante de la estabilidad democrática implica que debe evaluar la trayectoria y la credibilidad de las organizaciones que buscan participar en el proceso electoral. Esta evaluación profunda podría ser la clave para diferenciar a aquellos que pretenden competir por la vía legítima del poder y quienes, disfrazados de demócratas, buscan socavar el sistema desde adentro. No es casual que entre las organizaciones con problemas de inscripción se encuentren figuras cercanas al ex presidente Pedro Castillo, como Guido Bellido y Aníbal Torres. Estos personajes, que en su momento impulsaron una agenda de disolución del Congreso y cambios a la Constitución, plantean interrogantes sobre sus verdaderas intenciones en el actual contexto político. La historia reciente nos enseña que la democracia puede ser vulnerable a quienes pretenden usarla como un trampolín hacia un régimen autoritario. El hecho de que estas organizaciones, como "Todo con el Pueblo", "Pueblo Consciente" y "Adelante Pueblo Unido", intenten ingresar por la ventana del JNE es un reflejo de una estrategia que busca eludir los requisitos más rigurosos que la nueva administración del JNE podría estar implementando. La metáfora de la ventana en contraposición a la puerta grande es pertinente: las organizaciones deben demostrar que no solo cumplen con los requisitos formales, sino que tienen un compromiso genuino con los valores democráticos. El caso del partido "A.N.T.A.U.R.O." y su líder Antauro Humala también resalta las contradicciones que pueden surgir en la aplicación de los criterios de inscripción. Mientras que el Poder Judicial ha cerrado las puertas al partido, permitiendo que su líder se presente como candidato a senador, el JNE debe ser cuidadoso para que no se repitan estas situaciones en el futuro. La percepción pública sobre la imparcialidad y la justicia de las instituciones electorales es crucial para mantener la legitimidad del proceso democrático. Es esencial que el JNE actúe con firmeza y claridad al abordar la inscripción de organizaciones políticas. La presión para aceptar candidaturas puede ser intensa, pero la integridad del sistema democrático debe ser prioritaria. La ciudadanía merece saber que las organizaciones que compiten en elecciones tienen una base sólida de credibilidad y un compromiso real con la democracia. Las próximas elecciones serán un momento decisivo para el país, y el JNE tiene la responsabilidad de ser un baluarte contra la proliferación de movimientos políticos que carecen de un verdadero compromiso democrático. Al reforzar los filtros de inscripción y evaluación, el JNE no solo protege la integridad del proceso electoral, sino que también envía un mensaje claro: el acceso al poder no debe ser un derecho de cualquiera, sino un privilegio de aquellos que realmente respetan y promueven la democracia. Así, la pregunta que queda en el aire es: ¿será el JNE capaz de sostener esta nueva postura y proteger la democracia peruanas ante los intereses de aquellos que buscan acceder al poder por atajos? La respuesta dependerá de su determinación para actuar con rigurosidad y responsabilidad en el cumplimiento de su función fundamental.