Propuesta de rehabilitación automática en Perú reaviva debate sobre impunidad política

El debate sobre la impunidad en el ámbito político se ha reavivado en Perú con la reciente propuesta de predictamen impulsada por la bancada de Perú Libre, que podría sentar un precedente preocupante en la legislación del país. La iniciativa, presentada a inicios de enero de 2024, busca establecer una "rehabilitación automática" para quienes hayan cumplido condenas, permitiéndoles postular a cargos de elección popular sin necesidad de haber pagado las reparaciones civiles a las víctimas de sus delitos. Esta medida ha despertado críticas no solo en el seno del Congreso, sino también entre expertos en derecho y la ciudadanía en general. El texto, que fue expuesto por Isaac Mita, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, establece que la rehabilitación de los sentenciados no requeriría el pago de reparaciones civiles y que la inhabilitación de condenados solo aplicaría a partir de sentencias firmes. De esta forma, se busca beneficiar a figuras polémicas como Antauro Humala, líder etnocacerista aún sin cumplir con sus obligaciones civiles tras la muerte de cuatro policías durante el 'andahuaylazo' de 2005. Durante la sesión extraordinaria del 8 de enero, el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, fue claro en su rechazo a la propuesta. Afirmó que la valla del pago de reparaciones es un derecho de las víctimas, y que el intento de la bancada de Perú Libre de eliminar este requisito es un acto que favorece intereses particulares a expensas de la justicia. Muñante subrayó que este tipo de legislaciones solo contribuye a crear un ambiente de impunidad en el país. La exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz, también se manifestó en contra del predictamen, resaltando que obligar a los jueces a dictar sentencias específicas en casos de corrupción representa una grave intromisión en la independencia del poder judicial. Echaíz criticó el apuro con el que se está tratando este tema, sugiriendo que se discuta con seriedad y profundidad en mesas de trabajo adecuadas. El contexto de este predictamen se complejiza aún más al considerar que proviene de cuatro proyectos de ley, entre ellos dos de Waldemar Cerrón, hermano del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Este vínculo familiar y político ha levantado sospechas sobre los verdaderos intereses detrás de la propuesta, reforzando la idea de que se busca crear un marco legal que favorezca a aquellos que podrían enfrentar condenas por delitos de corrupción. Las advertencias del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre la inviabilidad de estos proyectos no han sido suficientes para frenar el debate. El fiscal de la Nación ha señalado que la propuesta contraviene la política criminal del Estado en la lucha contra la corrupción, lo que pone de manifiesto la desconexión entre la realidad del sistema judicial y los intereses políticos que intentan manipularlo. La situación se tornó aún más tensa cuando Tania Ramírez, parlamentaria de Fuerza Popular, cuestionó abiertamente la propuesta, afirmando que premiar a quienes ya han sido condenados es una falta de respeto hacia los ciudadanos honestos. Su postura refleja una creciente preocupación en diversos sectores de la sociedad, que ven en este tipo de leyes un riesgo para la integridad del sistema democrático. Frente a la falta de apoyo para el predictamen, Waldemar Cerrón solicitó un cuarto intermedio, lo que revela el fragor de las tensiones políticas en el Congreso. A medida que se discute el futuro de esta iniciativa, queda claro que existen opiniones divididas sobre el manejo de la justicia en el país y la necesidad de una reforma que garantice tanto la sanción a la corrupción como la protección de los derechos de las víctimas. Expertos en derecho penal han advertido que de prosperar este predictamen, se abrirían las puertas a nuevas formas de impunidad. El abogado penalista Andy Carrión ha explicado que la propuesta de Mita eleva los estándares para la inhabilitación, lo que podría llevar a una situación en la que condenados en primera instancia queden habilitados para postular a cargos públicos. Finalmente, el ex viceministro de Justicia, Gilmar Andía, enfatizó que el principal beneficiado de aprobar este predictamen sería Antauro Humala, lo que no solo permitiría su rehabilitación política sino que también podría aplicar a cualquier exfuncionario público que haya cumplido su condena. Esto plantea un dilema ético y legal que podría tener repercusiones duraderas en la política peruana, y en la confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones. La lucha por la justicia y la transparencia continúa, y el Congreso se enfrenta al desafío de decidir entre la protección de los derechos de las víctimas y el impulso de una agenda que podría favorecer a quienes han quebrantado la ley.