Comisión Europea presenta paquete Ómnibus para simplificar la sostenibilidad empresarial

La reciente presentación del paquete Ómnibus por parte de la Comisión Europea marca un hito en la regulación de la sostenibilidad en el continente. Este conjunto de medidas tiene como objetivo simplificar la burocracia que hasta ahora ha pesado sobre muchas empresas, una demanda que ha venido siendo reiterativa en el ámbito empresarial europeo. En particular, uno de los cambios más significativos es que el 80% de las empresas que anteriormente estaban obligadas a elaborar informes de sostenibilidad ya no necesitarán hacerlo, limitando esta obligación a las grandes empresas. Este ajuste promete ser un alivio en la carga administrativa que enfrentan las empresas, permitiéndoles concentrarse en su competitividad. El paquete Ómnibus se desarrolla en paralelo al Green Industrial Deal y requiere la aprobación del Parlamento Europeo y el Consejo. Germán Granda, director general de Forética, ha señalado que esta transformación sostenible representa una oportunidad para que las empresas lideren el cambio y se adapten a las nuevas exigencias del mercado. A su juicio, la transparencia y la innovación serán claves para consolidar un modelo económico más sostenible y resiliente. Las modificaciones introducidas por el paquete afectan a varias directivas relevantes, incluyendo la Directiva de Reporte Empresarial sobre Sostenibilidad (CSRD) y la Directiva de Diligencia Debida (CSDDD). La transformación del marco regulatorio busca no solo reducir la burocracia, sino también mejorar la coherencia y claridad de los requerimientos de información que las empresas deben cumplir en términos de su desempeño ambiental, social y de gobernanza (ESG). Una de las principales alteraciones se refiere a las empresas que deberán cumplir con la CSRD. Anteriormente, las grandes empresas con más de 500 empleados estaban obligadas a reportar, pero con el nuevo paquete, esta obligación se restringe a aquellas con más de 1,000 empleados, acompañadas de requisitos de volumen de negocio o de balance específicos. Esta decisión refleja un enfoque más pragmático que busca aliviar la carga sobre las empresas más pequeñas mientras se preserva la integridad de la información del sector. Además, el paquete introduce cambios en la verificación de la información. Hasta el momento, se permitía un enfoque de verificación limitada, pero a partir de 2028, la verificación razonable será la norma. Esto supone un cambio considerable en cómo las empresas deben abordar la validación de sus informes de sostenibilidad, buscando mayor rigor en la presentación de datos. El alcance de la cadena de valor también experimenta una modificación significativa. Mientras que anteriormente se incluían no solo los proveedores directos sino también los subcontratistas, ahora se restringe a los proveedores directos, a menos que surja información plausible que justifique la consideración de otros eslabones. Este cambio puede facilitar la gestión de las relaciones comerciales, aunque podría también limitar la visibilidad de las prácticas sostenibles en toda la cadena. El concepto de 'stakeholder engagement' se redefinirá de un marco más amplio a uno centrado en los trabajadores, sus representantes y las comunidades directas afectadas. Si bien este enfoque más acotado podría simplificar los procesos, también plantea interrogantes sobre cómo se abordarán las demandas de otros grupos de interés, como organizaciones de la sociedad civil y consumidores. La nueva normativa también establece que las sanciones por incumplimiento no estarán vinculadas a un porcentaje del volumen de negocios, lo que brinda mayor flexibilidad a cada Estado miembro para fijar las multas. Esta medida busca asegurar que las sanciones sean efectivas y disuasorias, aunque su aplicación variará considerablemente entre los diferentes países europeos. Por otro lado, se ha pospuesto un año el límite para la transposición de la Directiva a las legislaciones nacionales, lo que otorga a los Estados más tiempo para adecuar sus marcos normativos. Sin embargo, se restringe la capacidad de los países de establecer normativas más estrictas respecto a los derechos humanos, lo cual podría ser un punto de controversia en la implementación. Este paquete Ómnibus también refleja una respuesta a la competencia internacional, especialmente frente a economías como la de Estados Unidos y China. En un contexto donde la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad global, Europa busca no solo mantener su liderazgo en la materia, sino también adaptarse a un entorno que está en constante evolución. Finalmente, se espera que para la segunda mitad de 2025, Bruselas presente un informe de análisis, seguido de una propuesta legislativa a principios de 2026 para ampliar el alcance de estas regulaciones a otros sectores. A medida que la sostenibilidad se convierte en un eje estratégico, las empresas se enfrentarán a un nuevo escenario que, aunque menos prescriptivo, requiere preparación y adaptación a las expectativas cambiantes del mercado y del consumidor.