Crisis política en Perú: Juan José Santiváñez enfrenta moción de censura por inseguridad

Entre el intenso clima político que ha caracterizado a Perú en los últimos meses, la figura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se ha convertido en el centro de atención debido a la reciente moción de censura que busca su destitución. A pesar del creciente descontento social frente al aumento de la criminalidad, los resultados de una serie de reuniones sostenidas entre Santiváñez y diversos congresistas revelan que solo dos de los veinticinco asistentes han firmado a favor de su censura. Desde el 6 de enero hasta el 21 de febrero, Santiváñez ha recibido a un total de 20 congresistas en su oficina del Ministerio del Interior. De estos legisladores, solo Diego Bazán, de Renovación Popular, y Nieves Limachi, de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, han brindado su apoyo a la moción de censura. Este panorama sugiere un complejo entramado político donde, a pesar del evidente clamor ciudadano por mayor seguridad, las posiciones dentro del Congreso están divididas. Las visitas son representativas de un amplio espectro político, con la mayoría de los congresistas procedentes de Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Acción Popular y el Bloque Magisterial. Notablemente, la bancada fujimorista es la que ha mostrado mayor interés en reunirse con Santiváñez, aunque aún no han definido una postura clara sobre su continuidad en el cargo. Este silencio refleja una falta de consenso que podría complicar la presentación de la moción de censura. Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, ha evitado pronunciarse públicamente sobre el futuro de Santiváñez, exigiendo en su lugar cambios en las políticas de seguridad. Esta ambigüedad es emblemática de la falta de dirección clara que enfrenta el partido en un tema tan sensible como la seguridad ciudadana. A pesar de las preocupaciones generalizadas sobre el desborde de la criminalidad en el país, las reuniones de los legisladores con Santiváñez parecen tener un trasfondo más político que real, donde los intereses partidarios pueden estar primando sobre las necesidades urgentes del país. La situación se vuelve más compleja al considerar que, a pesar de las múltiples visitas, la mayoría de los congresistas no han tomado una clara posición en favor de la censura, lo que podría indicar una estrategia de mantener una imagen de oposición sin comprometerse. En paralelo, la propuesta de censura ha recabado 32 de las 33 firmas necesarias, lo que indica que hay un apoyo considerable para iniciar el proceso. Sin embargo, el análisis político sugiere que este apoyo podría ser más simbólico que efectivo, puesto que no logra reflejar una voluntad colectiva dentro del Congreso para llevar a cabo acciones concretas. Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, ha señalado que Santiváñez actúa como un operador político del Ejecutivo, lo que podría explicar el silencio estratégico de muchas bancadas que, aunque critiquen la situación, no están dispuestas a llevar la discusión a un nivel donde se ponga en riesgo la permanencia del ministro. Esto podría interpretarse como un pacto tácito que busca estabilizar el gobierno de Dina Boluarte a pesar de la creciente inseguridad. El analista político Pedro Tenorio ha refrendado esta visión, sugiriendo que las visitas al Mininter son parte de un acuerdo entre el gobierno y un sector del Congreso. Esto plantea interrogantes sobre la independencia de los congresistas y su papel como representantes de la ciudadanía, en un contexto donde muchos parecen más preocupados por mantener el equilibrio político que por atender las preocupaciones de la población. La moción de censura, impulsada por la congresista Paredes, se basa en el alarmante aumento de la criminalidad, que se ha manifestado en un incremento significativo de los homicidios en el país. Este creciente clima de inseguridad ha llevado a la ciudadanía a exigir respuestas más contundentes y efectivas del gobierno, mientras que las medidas adoptadas hasta el momento, como los estados de emergencia, no han logrado frenar la ola de violencia. El futuro de Santiváñez en el cargo no solo dependerá de la recolección de firmas para la moción de censura, sino también de cómo se perciban las respuestas del gobierno ante la crisis de seguridad. La falta de un plan claro y efectivo podría llevar a una mayor presión sobre el Ejecutivo, mientras que el resquebrajamiento de la seguridad ciudadana se convierte en un tema cada vez más urgente para el país. En un contexto donde la legitimidad y la eficacia del liderazgo en el Ministerio del Interior están en la mira, la situación de Juan José Santiváñez se presenta como un reflejo de las tensiones políticas actuales en Perú. La capacidad del Congreso para actuar y la voluntad del Ejecutivo para escuchar las demandas de la población serán elementos clave en el desenlace de esta crisis política y social.