
Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.




La reciente demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la ciudad de Chicago ha encendido un debate candente sobre la política migratoria en el país. Este conflicto se centra en la protección que las llamadas ciudades santuario, como Chicago, brindan a los inmigrantes indocumentados. En la demanda, se argumenta que las políticas de la ciudad dificultan las labores de las autoridades migratorias, lo que ha llevado a un enfrentamiento directo entre el gobierno federal y los gobiernos locales que defienden los derechos de estos inmigrantes. La administración de Donald Trump ha dejado claro que está dispuesta a tomar medidas drásticas contra las jurisdicciones que consideran que obstruyen sus esfuerzos por hacer cumplir las leyes de inmigración. La demanda, presentada el 6 de febrero de 2025, busca declarar inconstitucionales ciertas disposiciones que protegen a los indocumentados y han sido implementadas por la ciudad. De esta manera, Chicago se convierte en el primer blanco de acciones legales en este contexto, marcando un hito en la lucha entre el gobierno federal y las ciudades que optan por no colaborar en la deportación de inmigrantes. Los abogados del gobierno federal han argumentado que las ciudades santuario crean un ambiente en el que los inmigrantes indocumentados pueden vivir y trabajar sin miedo a ser detenidos y deportados, lo que representa, según su enfoque, un riesgo para la seguridad pública. Esta visión, sin embargo, ignora el hecho de que la presencia de estos inmigrantes en muchas ocasiones no está ligada a actividades delictivas, sino que, por el contrario, muchos contribuyen positivamente a la economía y la cultura local. Es crucial recordar que, aunque la permanencia de un inmigrante indocumentado en el país es considerada ilegal, esto no se traduce automáticamente en un delito penal. La violación de las leyes migratorias en la mayoría de los casos se clasifica como una infracción civil. Solo en circunstancias específicas, como intentos de reingreso tras una deportación previa, se incurre en delitos penales. Esta distinción es fundamental para comprender la naturaleza del debate que rodea la inmigración en Estados Unidos. Las ciudades santuario, como Chicago, han promulgado leyes y políticas que buscan proteger a los inmigrantes indocumentados, prohibiendo el uso de recursos locales para la deportación. Esta estrategia se basa en la idea de que la cooperación entre las autoridades locales y federales en temas migratorios puede conducir a un ambiente de desconfianza entre las comunidades inmigrantes, lo que a su vez puede obstaculizar la labor de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen en general. La demanda no solo afecta a Chicago, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de otras ciudades santuario en Estados Unidos. A medida que la administración Trump intensifica su enfoque contra estas jurisdicciones, es probable que más ciudades se vean obligadas a reconsiderar sus políticas migratorias. También se abren debates sobre la responsabilidad moral y legal de proteger a los inmigrantes que buscan seguridad y oportunidades en el país. El hecho de que el Departamento de Justicia haya decidido presentar esta demanda resalta la tensión existente en el país respecto a la inmigración. Por un lado, están quienes sostienen que es necesario fortalecer las leyes migratorias y aplicar sanciones a quienes las infringen. Por otro lado, hay quienes abogan por un enfoque más humano y comprensivo hacia los inmigrantes indocumentados, argumentando que muchos de ellos han establecido vidas y comunidades en los Estados Unidos. El desenlace de esta demanda podría tener repercusiones significativas para la comunidad inmigrante en Chicago y en otras ciudades santuario. Si la corte decide a favor del gobierno federal, esto podría allanar el camino para que se implementen políticas más estrictas en otras jurisdicciones que también buscan proteger a los inmigrantes. Mientras tanto, el debate sobre la inmigración continúa polarizando a la sociedad estadounidense. La narrativa que rodea a los inmigrantes indocumentados sigue siendo compleja y multifacética, entrelazada con cuestiones de derechos humanos, seguridad pública y la identidad nacional. La decisión que tome la corte podría servir como un precedente clave en la política migratoria del país, marcando un cambio en la forma en que las ciudades y estados pueden interactuar con las leyes federales.