Debate sobre cárceles en la selva reaviva críticas al sistema penitenciario en Perú

El debate sobre la seguridad ciudadana y el sistema penitenciario en Perú ha cobrado un impulso significativo a raíz de las declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien propuso la construcción de cárceles en la selva. En una reciente entrevista, López Aliaga sugirió que se podría aprovechar las vastas áreas en la Amazonía peruana para crear nuevas colonias penales que sigan el modelo de la antigua Colonia Penal Agrícola del Sepa (SEPA). Esta propuesta ha reavivado una discusión que, a pesar de haber sido mencionada por varios líderes políticos en el pasado, nunca ha logrado materializarse. La SEPA, que operó entre 1951 y 1992, fue un experimento penitenciario que buscaba la rehabilitación de reos a través del trabajo agrícola en un entorno aislado. Sin embargo, su cierre fue resultado de múltiples factores que pusieron en evidencia las limitaciones y fallos del sistema. Desde su alto costo de operación hasta un desafortunado atentado por parte de Sendero Luminoso, la colonia dejó más preguntas que respuestas sobre la efectividad de un modelo penitenciario así. López Aliaga ha argumentado que en la actualidad el país enfrenta niveles alarmantes de delincuencia y que es imperativo tomar medidas drásticas para mejorar la situación. Sin embargo, expertos en criminalidad han señalado que la propuesta de construir nuevas cárceles en la selva podría ser más simbólica que efectiva. Erika Solis, investigadora del IDEHPUCP, advirtió que recurrir a un enfoque punitivista sin considerar las causas estructurales de la criminalidad no hará más que perpetuar el problema. “La cárcel no va a arreglar la criminalidad”, enfatizó. Por su parte, Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, expresó que el propósito de construir nuevas cárceles debe ir acompañado por una voluntad política real y un compromiso financiero que actualmente parece escaso. Según él, el hacinamiento extremo en el sistema penitenciario peruano, donde muchos penales operan con más del 400% de su capacidad, evidencia que la solución no radica únicamente en la construcción de más recintos, sino en un replanteamiento integral del sistema penitenciario. El debate sobre la SEPA no solo toca aspectos logísticos y económicos, sino que también plantea cuestiones éticas y de derechos humanos. El abogado penalista Aaron Aleman subrayó que revivir un sistema como el de la SEPA es un retroceso en la forma de abordar el crimen moderno, que requiere soluciones más innovadoras y menos punitivas. “La propuesta resulta inviable debido a múltiples factores, tales como el económico, jurídico y criminológico”, indicó. Aunque algunos argumentan que la reintroducción de sistemas como el de la SEPA podría ofrecer una alternativa para descongestionar las cárceles urbanas, especialistas en criminología como Solis y López destacan que las características de la criminalidad contemporánea son muy distintas. En lugar de enfocarse en delitos agrícolas y políticos, la delincuencia actual está más relacionada con la economía informal y el crimen organizado, lo que hace que un modelo agrícola en la selva sea incongruente. Adicionalmente, la idea de que reos puedan ser rehabilitados en un entorno rural y agrícola plantea desafíos logísticos. La experiencia previa con la SEPA mostró que los costos de traslado de los reclusos eran insostenibles, lo que llevó a su eventual cierre. “Las condiciones de comunicación y transporte en la Amazonía moderna hacen que este modelo sea aún más complicado”, advirtió Pedraza. Desde una perspectiva de derechos humanos, Solis enfatizó la importancia de no romper los lazos familiares de los internos, lo que se complicaría aún más si estos son trasladados a lugares remotos. Mantener la conexión con la comunidad y la familia es crucial para la reinserción social de los reclusos, algo que una prisión en la selva dificultaría. En medio de esta discusión, la experiencia internacional en el manejo de criminalidad, como la política de mano dura promovida por líderes como Nayib Bukele en El Salvador, ofrece lecciones relevantes. Aunque algunos elogian los esfuerzos por reducir la violencia, otros advierten que estas medidas pueden tener consecuencias a largo plazo que no abordan las raíces del problema. “Las medidas punitivas necesitan ir acompañadas de políticas de inclusión social y educación,” señaló Solis. Finalmente, la propuesta de construir cárceles en la selva refleja más que una simple solución al problema de la criminalidad; también pone de manifiesto la falta de un enfoque integral que contemple la rehabilitación, la reinserción social y la prevención del delito. El camino hacia una solución efectiva requiere no solo la construcción de nuevas instalaciones, sino un cambio profundo en la forma en que el Estado aborda la seguridad y la justicia. Sin un compromiso real y sostenido en múltiples frentes, las soluciones temporales como la construcción de cárceles en la selva podrían ser solo un parche en un sistema que clama por una reforma genuina.