SNI advierte sobre crisis de seguridad en Perú y critica respuesta del gobierno

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, ha alzado la voz en un escenario cada vez más tenso en el Perú, donde la criminalidad organizada ha alcanzado niveles alarmantes. James considera "prematuro" el anuncio del gobierno de Dina Boluarte sobre una supuesta recuperación de la tranquilidad social en el país, al tiempo que hace un llamado a una evaluación más objetiva de la situación actual. Según él, la inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas que enfrentan los peruanos, evidenciado por el alarmante incremento de delitos en el último mes, como lo demuestra el registro de 151 homicidios entre el 1 y el 27 de enero de este año. En una reciente reunión con el ministro del Interior, el presidente de la SNI expuso su preocupación por la falta de resultados tangibles en la lucha contra la delincuencia. James enfatizó que la seguridad no puede ser un asunto exclusivo de la Policía y el Ministerio del Interior; es indispensable una colaboración más amplia que involucre a otras instituciones del Estado, como el Congreso y el Ministerio Público. Felipe James no escatima en críticas al Congreso, al afirmar que ha "vulnerado toda la lucha contra la criminalidad" mediante la aprobación de leyes que han debilitado las herramientas legales necesarias para combatir el crimen organizado. Su preocupación se centra en la falta de leyes específicas que permitan un tratamiento adecuado de delitos graves como el sicariato y la extorsión. James propone la implementación de una ley de terrorismo urbano, que permita procesar a los involucrados en estas actividades criminales bajo un sistema judicial especial, algo que considera urgente para enfrentar el creciente fenómeno del crimen organizado. La SNI también ha planteado la necesidad de cerrar la brecha de infraestructura y equipamiento en la Policía, argumentando que la falta de recursos limita la efectividad de las fuerzas del orden. James propone la implementación de "obras por impuestos", que permitirían a la empresa privada participar en la construcción de cárceles y en la provisión de equipamiento necesario para la Policía. Este enfoque no sólo buscaría mejorar la infraestructura, sino también fomentar un ambiente más seguro para la ciudadanía. Un punto crítico que James subraya es el fenómeno de los "ninis", jóvenes que ni estudian ni trabajan, quienes son vulnerables a caer en manos del narcotráfico y otras organizaciones criminales. Para abordar este problema, propone la creación de un servicio militar que ofrezca formación técnica a estos jóvenes, brindándoles oportunidades para integrarse al mercado laboral y, por ende, alejándolos de la delincuencia. A pesar de las múltiples reuniones entre los gremios empresariales y las autoridades gubernamentales, James siente que las propuestas no están siendo escuchadas en su totalidad. Si bien ha visto implementaciones de algunas de sus sugerencias, los resultados aún son inciertos, lo que alimenta una sensación de frustración en el sector industrial. “Hasta ahora no se están viendo los resultados”, manifiesta, reflejando la preocupación de muchos peruanos ante una creciente sensación de inseguridad. La reciente violencia en Trujillo, incluida la dinamitación de la sede del Ministerio Público, reitera la gravedad de la situación. James sugiere que la respuesta del gobierno debe ser drástica, proponiendo que ciertas regiones, como Trujillo, sean declaradas en estado de emergencia para permitir un control más efectivo por parte de las Fuerzas Armadas. A su juicio, no se trata solo de una cuestión de recursos, sino de una estrategia integral que involucre todos los niveles de gobierno y la colaboración del sector privado. El presidente de la SNI también ha expresado su desacuerdo con las afirmaciones de la presidenta Boluarte que indican una recuperación de la tranquilidad social. James argumenta que se debe reconocer la efervescencia social que sigue presente en el país, manifestándose en un contexto donde las extorsiones y crímenes no cesan. "Es prematuro decir que hemos recuperado toda la tranquilidad social", sostiene, enfatizando la necesidad de una respuesta más contundente a la crisis de seguridad. Por otro lado, el debate sobre la detención preliminar y las leyes que regulan el crimen organizado ha generado desconcierto tanto en la población como entre los gremios empresariales. La SNI ha señalado que las idas y vueltas entre el Congreso y el Ejecutivo podrían estar jugando a favor del crimen organizado, al debilitar las herramientas legales que deberían proteger a la sociedad. En un contexto donde la criminalidad se ha vuelto un tema recurrente, el gobierno de Dina Boluarte se enfrenta a un desafío monumental. La SNI aboga por un enfoque más integral y coordinado para abordar la crisis de seguridad, dejando claro que la responsabilidad no recae únicamente en el Ministerio del Interior, sino que requiere una colaboración efectiva entre todos los actores involucrados. La urgencia de legislar adecuadamente y de fortalecer las instituciones es más clara que nunca; un reto que, de no abordarse con seriedad, podría tener consecuencias devastadoras para el futuro del país.