
Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.




Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump ha dejado claro que la inmigración será uno de los pilares de su administración. En un giro que parece haber sido anticipado desde su campaña electoral, el expresidente firmó diez órdenes ejecutivas el primer día de su presidencia, justificando estas decisiones en la idea de que Estados Unidos está siendo víctima de una invasión. Lo curioso es que, a pesar de la retórica alarmante, las cifras de encuentros en la frontera se encuentran en uno de los niveles más bajos registrados en los últimos cuatro años. Este contraste plantea interrogantes sobre la realidad detrás de las acciones del exmandatario. Las órdenes ejecutivas se agrupan en tres categorías. La primera se centra en la anulación de las políticas implementadas por Joe Biden, restableciendo muchas de las estrategias de su primer mandato. En este sentido, Trump reactivó el controversial plan "Remain in Mexico", que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se procesan sus solicitudes. Esta política, que había sido criticada por organizaciones de derechos humanos, refleja un regreso a las medidas más severas de la administración anterior. Además de la reactivación de políticas ya conocidas, Trump ha tomado medidas que parecen más extremas y que van desde lo cuestionable hasta lo posiblemente inconstitucional. Por ejemplo, ha ordenado que se incrementen las detenciones y se castigue a las ciudades santuario, además de generar presión sobre otros países para que acepten de regreso a sus propios ciudadanos. Estas acciones tienen la intención de enviar un mensaje claro sobre la postura de su gobierno frente a la inmigración. Una de las decisiones más destacadas fue la eliminación de CBP One, una aplicación que había sido implementada por la administración Biden para ayudar a los migrantes a programar citas de solicitud de asilo. Esta medida no solo afectó a aquellos que ya tenían cita, sino que también interrumpió un canal que muchos consideraban un paso hacia un proceso de inmigración más ordenado. A lo largo de su primer mandato, Trump había logrado reducir drásticamente el número de refugiados admitidos en Estados Unidos. En esta nueva etapa, ha suspendido el reasentamiento de refugiados por un período inicial de tres meses, una decisión que refleja una continuidad en su enfoque restrictivo. Esta suspensión genera preocupación en un contexto global donde el número de desplazados por conflictos y persecuciones no ha hecho más que aumentar. El expresidente también ha ordenado una investigación más profunda sobre la situación migratoria, lo que podría ser un preámbulo para la implementación de prohibiciones similares a las que se dictaron en 2017, dirigidas principalmente a países con poblaciones mayoritariamente musulmanas. Estas medidas no solo apuntan a la inmigración, sino que también se inserta en un discurso más amplio que busca crear un ambiente de miedo y desconfianza hacia los inmigrantes. Algunas de estas órdenes pueden parecer drásticas, pero los expertos señalan que muchas de ellas simplemente son un llamado a hacer cumplir las leyes existentes. Por ejemplo, la orden que exige barreras físicas en la frontera y más deportaciones podría tener un impacto limitado, ya que se basa en regulaciones que ya están en vigor. Julia Gelatt, del Migration Policy Institute, subraya que este tipo de medidas pueden ser más retóricas que efectivas. El expresidente ha declarado una emergencia nacional en la frontera sur, lo que permite la movilización de recursos del Departamento de Defensa. Sin embargo, la participación de soldados en la seguridad fronteriza es un tema delicado, ya que la legislación limita su participación a actividades que no involucren la detención de inmigrantes. Este uso de la emergencia nacional ha generado críticas y preocupaciones sobre la militarización de la frontera. Por otro lado, Trump ha empezado a clasificar a los carteles de narcotraficantes como organizaciones terroristas extranjeras, un movimiento que podría tener implicaciones severas. Esta designación parece diseñada para justificar medidas extremas, incluyendo la posibilidad de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, que otorga al presidente la capacidad de detener y deportar a ciudadanos de países en guerra con Estados Unidos. Sin embargo, la realidad es que Estados Unidos no se encuentra en guerra con estos grupos, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de tales acciones. La retórica de "invasión" empleada por Trump no es meramente una estrategia comunicativa; busca legitimar su enfoque agresivo hacia la inmigración. Al presentar a los carteles como invasores, Trump intenta justificar el uso de la ley para restringir aún más el acceso a la frontera. Sin embargo, es probable que esta narrativa enfrente desafíos legales, ya que los tribunales podrían no aceptar la interpretación de que cualquier intento de cruzar la frontera constituye una invasión. En resumen, las recientes órdenes ejecutivas de Trump sobre inmigración reflejan una continuación de su enfoque duro y radical en esta temática. La retórica beligerante y las políticas estrictas plantean importantes interrogantes sobre su impacto real y su constitucionalidad, al tiempo que subrayan la polarización que continúa marcando el debate sobre la inmigración en Estados Unidos.