Anulación del juicio del Caso Cocteles revela crisis en sistema judicial del país

La reciente anulación del juicio oral del Caso Cocteles ha puesto de manifiesto una preocupante tendencia en el sistema judicial del país: la persecución política disfrazada de procesos legales. La decisión del tribunal señala un reconocimiento tácito de que los cargos presentados contra diversos políticos y empresarios no solo eran infundados, sino que constituían una serie de ataques sistemáticos contra la oposición y el sector empresarial. Este fenómeno no se puede tolerar en una democracia. El caso en cuestión revela graves irregularidades en la acusación presentada por el fiscal José Domingo Pérez, quien ha sido criticado por su enfoque genérico y poco claro al detallar los delitos atribuidos a los imputados. Como señala el reconocido penalista Arsenio Oré, los acusados se han visto en la difícil posición de tener que defenderse sin saber exactamente de qué se les acusa, lo que plantea serias dudas sobre la legitimidad del proceso judicial. Este tipo de tácticas, que se asemejan a las utilizadas en regímenes autoritarios, no deberían tener cabida en un Estado de derecho. Uno de los ejemplos más llamativos de esta dinámica es el caso de Jorge Trelles, quien fue acusado de lavado de activos por razones que resultan absurdas, como haber comprado boletos de rifa por una cantidad irrisoria y la asistencia de su esposa a un evento social. La severidad de la pena solicitada por el fiscal, 22 años de prisión, parece más un intento de intimidación que una búsqueda de justicia. Estos casos no solo afectan a los individuos involucrados, sino que tienen repercusiones más amplias en la confianza del público hacia las instituciones judiciales. El juez Víctor Zúñiga, por su parte, ha sido señalado como cómplice en este proceso, al invalidar repetidamente los pedidos de subsanación de la acusación, actuando en contra de lo que establece la ley. Este tipo de comportamientos, que desafían el principio de justicia, socavan la confianza en la imparcialidad del sistema judicial, evidenciando una falta de respeto por los derechos de los acusados y por las normas procesales establecidas. Las acciones del fiscal y el juez se enmarcan en un contexto más amplio de judicialización de la política, un fenómeno que ha deteriorado gravemente el clima democrático del país. En la campaña electoral de 2021, la actuación de la fiscalía parece haber tenido como objetivo directo desestabilizar a candidatos opositores, afectando su desempeño electoral y, en consecuencia, el futuro político del país. La utilización de la justicia como herramienta de guerra política debe ser condenada enérgicamente. La nueva presidenta de la Corte Suprema, Janet Tello, parece haber comenzado su mandato con la intención de poner fin a esta era de judicialización de la política, un discurso que ha generado expectativas en diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, su reciente decisión de rechazar la renuncia del juez Zúñiga plantea serias dudas sobre su compromiso real con la reforma judicial. El rechazo a dar paso a un cambio en el liderazgo judicial puede interpretarse como una falta de voluntad para abordar las deficiencias del sistema. La falta de acción por parte de la Corte Suprema y la continua presencia de figuras como Pérez y Zúñiga en el sistema judicial indican una resistencia al cambio que podría tener consecuencias nefastas para la salud de la democracia. Es esencial que se tomen medidas decisivas para garantizar que no se produzcan más abusos en el uso de la justicia como herramienta de represión política. Los ciudadanos merecen un sistema judicial que actúe con independencia y que no esté al servicio de intereses políticos. La credibilidad de las instituciones se encuentra en juego, y la percepción de un sistema judicial imparcial es fundamental para la estabilidad democrática. Archivar casos que claramente han sido construidos sobre bases frágiles y sin fundamento es un primer paso necesario hacia la restauración de la confianza pública. En conclusión, la persecución política no tiene cabida en una democracia saludable. Los llamados a la acción contra el fiscal José Domingo Pérez y el juez Víctor Zúñiga son urgentes y necesarios. La sociedad civil debe mantenerse alerta y exigir la rendición de cuentas, para asegurar que el estado de derecho prevalezca y que la justicia sea verdaderamente administrada, lejos de las manipulaciones políticas. La historia reciente nos ha demostrado que la lucha por una democracia robusta y transparente es un camino que debe ser recorrido con firmeza y determinación.