Valencia solicita 3.000 millones al FLA ante grave crisis económica y social

El gobierno valenciano ha encendido la alarma al solicitar urgentemente 3.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario para hacer frente a un exceso de déficit que, según la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, se ha visto agravado por la prolongada infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana. En un contexto donde la incertidumbre económica y social se cierne sobre la región, esta solicitud ha tomado un matiz especialmente crítico, con la consellera enfatizando que estamos frente a "el peor momento de nuestra historia reciente". Merino ha manifestado su preocupación por la postura del Gobierno de España, que ha impedido la financiación de los 3.000 millones de euros necesarios para 2024, basándose en la no aprobación en el Congreso de los objetivos de estabilidad. Según la consellera, esto no solo genera incertidumbre, sino que también representa un verdadero obstáculo para el desarrollo y bienestar de la comunidad. En su opinión, no hay justificación técnica para bloquear el acceso al FLA, ya que este mecanismo ha sido utilizado desde 2012 para cubrir déficits sin que el Congreso hubiese ratificado previamente una senda de déficit. La situación se complica aún más si se considera que la Generalitat valenciana no solo debe lidiar con la carga financiera impuesta por la falta de apoyo del gobierno central, sino que también tiene que afrontar los gastos derivados de la reciente DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a la región. Este fenómeno meteorológico ha dejado secuelas que requieren atención inmediata y recursos. La consellera ha destacado la necesidad imperante de garantizar, a través de este fondo, la liquidez suficiente para atender tanto los compromisos financieros como las necesidades urgentes de la población. Merino ha señalado que no es solo el gobierno regional el que pone de manifiesto esta situación. La patronal de la Comunidad Valenciana también ha expresado su preocupación por la continuidad del FLA extraordinario, haciendo hincapié en que su mantenimiento es crucial para que la Generalitat pueda cumplir con sus obligaciones hacia proveedores y garantizar la operatividad de servicios públicos esenciales como la sanidad. Esta petición, respaldada por diversos sectores de la sociedad, refleja un consenso sobre la urgencia de la situación económica. Además, la consellera ha recordado que durante los años 2020 y 2021, su gobierno recibió casi 3.000 millones de euros en financiación adicional por parte del gobierno central debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Estos fondos, que no eran reembolsables, permitieron a la administración valenciana afrontar la crisis de manera más efectiva y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos. Sin embargo, el actual escenario presenta desafíos diferentes que requieren una atención similar. La negativa del Gobierno de España a financiar el déficit mediante el FLA extraordinario no solo es vista como una falta de apoyo, sino como un abandono por parte de la administración central hacia una comunidad que ha sido históricamente marginada en términos de financiación. Esta percepción de injusticia ha ido calando en la población valenciana, que se siente cada vez más desatendida en comparación con otras comunidades autónomas que reciben mayores recursos. A medida que se profundiza esta crisis, la falta de recursos podría traducirse en recortes en servicios esenciales, aumentando la presión sobre las familias y empresas de la región. Desde la consellería de Hacienda, se advierte que la falta de este fondo podría poner en riesgo el normal funcionamiento de la administración pública, generando un efecto dominó que impactaría negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos. La consellera Merino ha instado al Gobierno de España a reconsiderar su postura y a actuar con responsabilidad. La necesidad de un fondo no reembolsable para la reconstrucción social y económica de la Comunitat Valenciana se ha convertido en una demanda apremiante, un llamado a la acción que busca no solo revertir la situación actual, sino también sentar las bases para un futuro más sólido y estable. La respuesta del Gobierno central será fundamental en los próximos días. La presión de la comunidad valenciana, respaldada por sectores económicos y sociales, ha comenzado a resonar en los pasillos de la política nacional. Sin embargo, el tiempo juega en contra, y la urgencia de la situación requiere decisiones rápidas y efectivas que permitan a la Comunitat Valenciana salir adelante en este difícil momento.