Propuesta de aumento del SMI genera controversia entre empresarios y sindicatos en España

Propuesta de aumento del SMI genera controversia entre empresarios y sindicatos en España

El Ministerio de Trabajo propone aumentar el SMI en 50 euros, pero las organizaciones empresariales advierten sobre impactos negativos en el empleo.

Juan Brignardello Vela, asesor de seguros

Juan Brignardello Vela

Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.

Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, y Vargas Llosa, premio Nobel Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, en celebración de Alianza Lima Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, Central Hidro Eléctrica Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, Central Hidro

El debate sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) en España se intensifica con la reciente propuesta del Ministerio de Trabajo, encabezado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, que contempla un aumento de 50 euros mensuales para 2025. Esta medida, que elevaría el salario mínimo a 1.184 euros al mes, ha sido objeto de un firme rechazo por parte de las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, que argumentan que las condiciones económicas actuales no justifican tal incremento. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, ha manifestado que la propuesta de aumento no tiene base en la realidad económica del país. Según él, en los últimos seis años, el salario mínimo ha aumentado un 60%, un porcentaje que no se ha visto reflejado en la economía general ni en la actividad de los negocios. Amor subraya que esta relación entre el incremento del salario y el estado de la economía no se sostiene y advierte sobre las consecuencias negativas que podría tener para el empleo, especialmente en los sectores más vulnerables. El rechazo de las organizaciones empresariales se centra principalmente en el impacto que la subida del SMI tendría sobre los costes laborales, en especial para los pequeños y medianos empresarios, así como para los autónomos que tienen empleados a su cargo. Amor ha señalado que en los últimos cinco años, el aumento del SMI ha contribuido a la destrucción de 174.000 empleos en sectores como el agrícola y el empleo del hogar, donde la mayoría de los trabajadores perciben el salario mínimo. Esto pone de relieve la fragilidad del empleo en estos sectores, que son fundamentales para la economía rural. Además, según los registros de la Seguridad Social, las empresas con menos de cinco trabajadores han sufrido la pérdida de 62.000 empleos durante el mismo periodo. Esta tendencia es alarmante y refleja la tensión existente entre las demandas de aumento salarial y la capacidad real de las pequeñas empresas para soportar esos incrementos. Amor ha resaltado que muchas de estas pequeñas empresas simplemente no pueden asumir el coste adicional que implicaría una subida del SMI de 50 euros mensuales. Desde la perspectiva de ATA, el aumento propuesto no solo representa un incremento en el salario base, sino que también conlleva un aumento significativo en las cotizaciones sociales, lo que, en términos anuales, podría suponer un coste adicional de más de 3.000 euros por trabajador. Esta cifra se convierte en una carga considerable para los autónomos y las pequeñas empresas, que ya están lidiando con altas tasas de inflación y otros aumentos de costes. Las organizaciones empresariales han insistido en que el salario mínimo debería ajustarse en función de los aumentos pactados en los convenios y del crecimiento de la economía en su conjunto. Además, han sugerido que cualquier incremento en el SMI debería venir acompañado de una revisión de los precios de los contratos públicos, de modo que estos puedan reflejar el aumento de los costes en los que incurren las empresas que prestan servicios al sector público. En este contexto, es importante recordar que la decisión final sobre el SMI corresponde al Gobierno, y las reuniones de diálogo entre las partes son solo de carácter consultivo. Esto significa que, a pesar de las objeciones de las patronales y el apoyo que la propuesta podría recibir de los sindicatos, será el Ministerio de Trabajo quien determine el nuevo salario mínimo a través de un decreto. De cara a la reunión tripartita programada para este miércoles, la posición de CEOE y Cepyme es clara: no respaldarán una subida del SMI que consideran insostenible. La tensión entre las necesidades de los trabajadores y la capacidad de las empresas para asumir costos adicionales es un dilema que continuará afectando la dinámica laboral en España. En conclusión, la propuesta de elevar el SMI en 50 euros mensuales está generando un debate crucial sobre el futuro del trabajo en España. Las organizaciones empresariales advierten sobre las posibles repercusiones en el empleo y en la viabilidad de los pequeños negocios, mientras que los sindicatos subrayan la importancia de garantizar un salario digno para los trabajadores. La solución a este debate requerirá un equilibrio delicado entre las necesidades económicas y sociales del país.

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