Boluarte reafirma postura crítica de Perú ante el "fraude electoral" en Venezuela

En un momento crítico para la política peruana, la presidenta Dina Boluarte ha roto su silencio de casi dos meses para reafirmar la posición de su gobierno respecto a la situación en Venezuela. Durante la inauguración de una escuela bicentenario en el Cercado de Lima, Boluarte dejó claro que el Perú no se involucrará en lo que ella califica como un "fraude electoral" y que no respaldará a ningún régimen dictatorial. Afirmaciones que surgen en un contexto de cambio ministerial y creciente escrutinio de la política exterior peruana. Desde que asumió la presidencia, Boluarte ha enfrentado críticas sobre su gobierno, especialmente en lo que respecta a la coherencia de sus posturas diplomáticas. Este nuevo pronunciamiento se produce en un contexto donde los cambios en el Gabinete han generado diversas interpretaciones sobre la dirección que tomará la política exterior del país. Sin embargo, Boluarte enfatizó que, a pesar de los cambios en el Gabinete, la política de su gobierno permanece intacta y firme. La mandataria destacó que el Perú es un "país democrático" que respeta el Estado de derecho y la institucionalidad, y que su gobierno continuará manteniendo una postura crítica hacia el régimen de Nicolás Maduro. "No vamos a ser parte de un fraude electoral", reiteró Boluarte, subrayando la necesidad de que las autoridades venezolanas transparenten las actas de las elecciones de julio de este año, situación que ha sido objeto de controversia y debates tanto a nivel nacional como internacional. Estas declaraciones llegan en un momento en que la oposición venezolana ha hecho públicas las actas electorales, instando al gobierno de Maduro a hacer lo mismo. "El que nada tiene, nada teme. Ánfora por ánfora, voto por voto que se cuente", insistió la presidenta, posicionándose claramente a favor de la transparencia electoral y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano. Sin embargo, el clima de incertidumbre se ha acentuado con la reciente renuncia de Javier González-Olaechea, ex canciller del Perú, y los nuevos nombramientos que han suscitado críticas sobre la falta de claridad en las posturas del gobierno. Gustavo Adrianzén, el actual presidente del Consejo de Ministros, ha defendido las posiciones del gobierno, señalando que el Ejecutivo no reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, lo que ha generado confusión y descontento entre los sectores de oposición y analistas políticos. Boluarte, al referirse a los cambios en el Gabinete, sostuvo que su intención es "darle más punche en la ejecución" de las políticas gubernamentales. Sin embargo, muchos se preguntan si esta estrategia será suficiente para calmar las inquietudes sobre la dirección de la política exterior peruana y su impacto en las relaciones con otros países de la región, particularmente frente a un contexto tan polarizado como el de Venezuela. El nuevo canciller, Elmer Schialer, también ha enfrentado cuestionamientos por su falta de claridad en cuanto a la calificación del gobierno venezolano. Mientras que la presidenta Boluarte se ha mantenido firme en su rechazo a considerar a Maduro como un líder legítimo, sus ministros parecen estar en desacuerdo sobre cómo abordar la situación y los términos en que se puede relacionar el Perú con el régimen venezolano. La presidenta ha expresado su deseo de que el país mantenga su imagen de "país pacífico" que extiende la mano a los países hermanos en momentos de necesidad. Sin embargo, los analistas advierten que esta posición puede llevar a un aislamiento diplomático si no se maneja con cautela y transparencia. La presión sobre el gobierno peruano para adoptar una postura más clara y definitiva en relación con Venezuela podría aumentar en los próximos días. A medida que las tensiones se incrementan, tanto a nivel interno como en el ámbito internacional, el reto para Boluarte será mantener la estabilidad en su gobierno mientras enfrenta críticas tanto de la oposición como de sus propios ministros. La sensación de incertidumbre sobre el futuro de la política exterior del Perú podría afectar la percepción pública sobre la capacidad del gobierno para gestionar crisis regionales y fortalecer la democracia en el continente.