Propuesta de Coayla busca reformar la ley electoral en medio de corrupción política

El panorama político en el país se agita con la reciente propuesta legislativa presentada por el congresista Jorge Coayla, del partido Juntos por el Perú - Voces del Pueblo. Este proyecto de ley, que lleva por número 8761/2024-CR, busca modificar el artículo 24-B de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, permitiendo que los candidatos que no hayan renunciado a sus partidos políticos puedan postularse por otras organizaciones en las elecciones generales, municipales y regionales. La iniciativa, que ha generado un intenso debate en el ámbito político y social, responde a una necesidad de garantizar el derecho a ser elegidos, según lo expuesto en la justificación de la propuesta. El texto argumenta que esta modificación es crucial para ampliar las opciones de los ciudadanos, reforzando las condiciones de competencia electoral y permitiendo una participación más equitativa en el proceso democrático. Coayla enfatiza que la restricción actual, que obliga a los candidatos a renunciar a su partido para poder presentar su candidatura por otra organización, limita la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus derechos políticos. Al permitir que los afiliados puedan postularse sin renunciar, se busca no solo ampliar la oferta electoral, sino también proteger a aquellos que, por circunstancias ajenas a su voluntad, no pueden participar en las primarias de sus partidos de origen. La propuesta también se adentra en la discusión sobre la transparencia y la equidad dentro de los partidos políticos, señalando que las alternativas existentes, como la ampliación del plazo para renuncias y afiliaciones, no abordan de forma adecuada los problemas de discriminación que pueden surgir en el proceso de selección de candidatos. En este sentido, Coayla sostiene que su iniciativa es más efectiva y responde mejor a las necesidades actuales del sistema político. Por otro lado, la noticia no se limita a la propuesta de Coayla. La fiscalía ha advertido que un sector del Congreso parece tener interés en "quebrar" los casos contra organizaciones criminales, lo que añade un matiz preocupante al contexto en que se desarrolla este debate. Los rostros de la corrupción y la impunidad han estado presentes en la agenda pública, y el hecho de que algunos legisladores puedan estar vinculados con estos intereses plantea interrogantes sobre la integridad del sistema político. La interrelación entre la propuesta de Coayla y la situación de corrupción que se vive en el país es ineludible. Si bien la modificación de la ley busca mejorar la participación ciudadana, también es fundamental que los legisladores se posicionen firmemente contra la corrupción y trabajen para restablecer la confianza en las instituciones. La lucha contra el crimen organizado y las redes de corrupción debe ser una prioridad que no se vea opacada por intentos de reformar el sistema electoral. El camino hacia una democracia más justa y participativa, en la que los ciudadanos se sientan representados y escuchados, pasa por reconocer los problemas inherentes a la actual legislación electoral. La propuesta de Coayla podría ser un paso en la dirección correcta, siempre y cuando se maneje con la transparencia y la responsabilidad que demanda la ciudadanía. Por otro lado, es esencial que este tipo de iniciativas no se conviertan en herramientas para proteger a aquellos que han estado en el centro de escándalos, sino que promuevan una verdadera renovación política. La lucha por un sistema político más inclusivo debe ir de la mano con la exigencia de rendición de cuentas y el señalamiento de prácticas corruptas. En conclusión, la propuesta presentada por el congresista Coayla abre la puerta a un debate que es más relevante que nunca. La posibilidad de que los afiliados se postulen sin renunciar a sus partidos puede ser un avance significativo en términos de derechos políticos, siempre y cuando se mantenga el foco en la lucha contra la corrupción y en la necesidad de un sistema político más equitativo. La ciudadanía observa con atención, esperando que sus representantes actúen en beneficio del bien común y no en favor de intereses particulares.