Crisis de extorsión y violencia afecta al transporte público y negocios locales

En el contexto actual del transporte público en nuestro país, la situación es alarmante. Un dirigente del gremio ha revelado que aproximadamente el 40% de los choferes del transporte público se ven obligados a pagar cupos a extorsionadores. Esta realidad no solo afecta a los transportistas, sino que también se extiende a pequeños negocios, los cuales enfrentan amenazas constantes de los delincuentes. La violencia ha escalado de tal manera que ya no se limita a ataques entre bandas rivales; ahora, se ha vuelto un mecanismo de intimidación hacia aquellos que se niegan a ceder ante la presión criminal. Recientemente, un chofer fue asesinado como un acto de intimidación hacia sus colegas, un oscuro recordatorio de que el miedo y la violencia son las herramientas que estos grupos utilizan para mantener el control. Esta escalada en la criminalidad ha generado una oleada de terror entre los trabajadores del transporte y los pequeños emprendedores, quienes ven cómo sus vidas y negocios se convierten en blanco de la violencia. La situación ha alcanzado niveles insostenibles. Disparos, explosiones y amenazas se han vuelto parte del día a día en algunas zonas de la ciudad. A los robos y asaltos se suman secuestros que, anteriormente, eran raros en la cotidianidad de la población. Esta creciente ola de criminalidad no solo afecta la seguridad de los ciudadanos, sino que también deteriora la economía local al fomentar un clima de miedo que impide el desarrollo de pequeños negocios. En este escenario, la respuesta de las autoridades ha sido criticada. La policía hace lo que puede, pero la falta de un plan estructurado y eficaz limita su capacidad de respuesta. La situación se complica aún más con la percepción de que el Ministerio Público también está desbordado y, en algunos casos, actúa con criterios laxos que no reflejan la urgencia del problema. La coordinación entre las diferentes instancias de justicia es más que necesaria, pero parece que no se está logrando. El conflicto entre el ministro del Interior y el fiscal de la Nación ha desviado la atención de un asunto que debería ser la prioridad: la seguridad de los ciudadanos. Este enfrentamiento no solo debilita la lucha contra la delincuencia, sino que también genera desconfianza en la población. Mientras tanto, el ministro ha recibido el respaldo de la presidenta Dina Boluarte, quien lo ha elogiado por su supuesta firmeza ante la criminalidad, en un contexto donde la real eficacia de las acciones del gobierno es cuestionada. En medio de este panorama dantesco, las autoridades parecen más centradas en su imagen y en disputas internas que en desarrollar un plan concreto para enfrentar la violencia. La falta de un enfoque claro y decididido para combatir a los extorsionadores y el crimen organizado ha llevado a que la población exija respuestas. Los ciudadanos quieren saber cuál es el plan de seguridad que se implementará y cómo se enfrentará la escalada de la delincuencia que amenaza su bienestar. Es evidente que la situación no puede seguir así. El temor y la inseguridad han permeado en la vida diaria de las personas, que se ven obligadas a adaptarse a una realidad donde la violencia se ha normalizado. Las autoridades deben actuar con urgencia; los abrazos y las flores son insuficientes ante la creciente ola de criminalidad que azota a la sociedad. Mientras el gobierno continúe priorizando su imagen y enfrentamientos políticos, la delincuencia seguirá avanzando, arrasando con la vida y las expectativas de los ciudadanos. La población espera acciones concretas y efectivas, no solo palabras vacías. La lucha contra la delincuencia requiere unidad y un compromiso genuino de todos los operadores de justicia, que debe ser la base para recuperar la seguridad y la confianza en nuestras comunidades. La hora de florear ha pasado. Ahora es el momento de actuar con determinación y responsabilidad, asegurando que los ciudadanos puedan vivir sin miedo y con la certeza de que sus derechos serán protegidos. La transformación de esta realidad depende de la voluntad política y la capacidad de los líderes para priorizar la seguridad de la población por encima de intereses personales o conflictos internos. La ciudadanía merece un entorno seguro donde pueda desarrollarse, trabajar y vivir sin temor.