Colombia ratifica el Acuerdo de Escazú y fortalece la protección ambiental

La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte de la Corte Constitucional de Colombia marca un hito significativo en la protección de los derechos de los defensores ambientales en el país. Después de casi cinco años desde su firma, el tratado internacional finalmente tendrá vigencia en un contexto donde Colombia se destaca tristemente como el país con la mayor cantidad de defensores de derechos humanos y ambientales asesinados a nivel global. Esta decisión, que se realizó el 28 de agosto de 2024, representa un paso crucial hacia la garantía de un entorno más seguro para quienes luchan por la justicia ambiental. El Acuerdo de Escazú, siendo el primer tratado en el mundo que incluye disposiciones específicas para la protección de defensores ambientales, no solo promueve el acceso a la información y la participación pública en decisiones ambientales, sino que también establece un marco para la justicia en asuntos ecológicos. La ministra del Ambiente, Susana Muhamad, celebró la noticia, enfatizando que esta ratificación asegura los derechos de la ciudadanía a participar en decisiones que afectan su entorno y garantiza la protección de quienes defienden esos derechos. La subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad en Colombia, Vanessa Torres, destacó que el Acuerdo abre la puerta a una revisión exhaustiva de las políticas públicas relacionadas con la protección de los defensores ambientales. Este contexto se vuelve aún más crítico al reconocer que Colombia no solo es el país más peligroso para la defensa ambiental, sino que también lidera la lista de conflictos socioambientales en América Latina. Por lo tanto, la incorporación de este tratado es vista como una oportunidad para establecer mecanismos de protección más efectivos. El camino hacia la ratificación del Acuerdo de Escazú no fue sencillo. Desde su firma en diciembre de 2019 por el entonces presidente Iván Duque, el proceso ha estado marcado por desafíos en el Congreso, donde se encontraron muchas voces en contra, argumentando que las leyes existentes eran suficientes. Sin embargo, la presión social y el contexto de estallido social en el país llevaron finalmente a la aprobación del tratado en 2022 durante el gobierno de Gustavo Petro. La abogada Lina Muñoz, especialista en Derecho Constitucional, enfatizó que el éxito de la ratificación de Colombia puede tener repercusiones en otros países de la región que aún no han ratificado el acuerdo. La desinformación y los mitos en torno al tratado han sido un obstáculo común en varias naciones, pero la decisión de Colombia podría servir como un ejemplo positivo y un catalizador para el cambio. Con la ratificación, Colombia se convierte en el país número 17 en unirse al Acuerdo de Escazú. Este tratado busca no solo salvaguardar a los defensores del medio ambiente, sino también fomentar una cultura de transparencia y participación activa en el manejo de los recursos naturales. La abogada Luisa Gómez Betancur del Centro de Derecho Ambiental Internacional subrayó que esta decisión envía un mensaje importante sobre la necesidad de terminar con la violencia contra quienes defienden el ambiente y facilitar su labor en un país que ha sido catalogado como el más peligroso del mundo en este aspecto. El Acuerdo de Escazú también se presenta como una herramienta para abordar la falta de definición sobre lo que implica ser un defensor ambiental en Colombia, un vacío que ha dificultado la protección adecuada de estas personas. La decisión de ratificar el Acuerdo podría ayudar a establecer un marco normativo claro que reconozca y respete el trabajo de quienes defienden el medio ambiente. A medida que el país se prepara para formalizar su adhesión al Acuerdo mediante la entrega del instrumento de ratificación a la Oficina de Tratados de Naciones Unidas, es evidente que este es un momento crucial no solo para los defensores ambientales en Colombia, sino también para el movimiento ambientalista en la región. La esperanza es que este acuerdo inspire a otros países a seguir el ejemplo y contribuir a un futuro más seguro y justo para todos aquellos que luchan por la defensa del planeta. Finalmente, la ratificación del Acuerdo de Escazú no solo representa un avance en la legislación ambiental de Colombia, sino que también se inscribe en un marco más amplio de derechos humanos y justicia social. Al promover la transparencia, la participación y la protección de los defensores ambientales, Colombia ha dado un paso importante hacia la construcción de un país más equitativo y respetuoso con su entorno natural. La comunidad internacional observa con atención, ya que el éxito de este tratado podría tener implicaciones significativas para la protección del medio ambiente y los derechos humanos en toda América Latina.