Crisis en Petro-Perú: Nuevos nombramientos generan incertidumbre en el sector energético

El ambiente en el sector energético peruano se torna cada vez más convulso, con el reciente anuncio del gobierno de la presidenta Dina Boluarte de remover al directorio completo de Petro-Perú, una de las empresas estatales más emblemáticas del país. Según fuentes consultadas por este Diario, la decisión fue tomada tras una reunión el 28 de agosto con tres figuras altamente cuestionadas: Pedro Chira, Óscar Vera y Enrique Bisetti, quienes habrían sido recompensados con altos cargos en la petrolera y en el Ministerio de Energía y Minas. Pedro Chira, quien ya ocupó la presidencia de Petro-Perú entre abril de 2023 y julio de 2024, sería reinstalado en el cargo, a pesar de haber sido obligado a renunciar bajo acusaciones de haber mentido a miembros del Consejo de Ministros. Su regreso ha generado preocupación entre diversos sectores, que cuestionan su capacidad para liderar la empresa en un momento crítico, donde se enfrenta a una crisis financiera sin precedentes. Óscar Vera, otro de los personajes controversiales, ha solicitado y, aparentemente, logrado la gerencia general de Petro-Perú. Vera, quien fue ministro de Energía y Minas, se encuentra en una situación de posible conflicto de interés, ya que su vinculación con la empresa nunca fue investigada adecuadamente por la Contraloría de la República. Su nombramiento podría agravar la desconfianza que existe en torno a la gestión de Petro-Perú. Enrique Bisetti, por su parte, regresaría al Ministerio de Energía y Minas como viceministro de hidrocarburos, cargo que ha ocupado en dos ocasiones anteriores. Su permanencia en la administración pública ha sido objeto de críticas, considerando que durante su gestión se registraron pérdidas significativas para la empresa estatal, lo que plantea dudas sobre su idoneidad para volver a ocupar un puesto clave en la toma de decisiones del sector. La decisión del gobierno de cambiar el directorio de Petro-Perú surge a raíz de una creciente presión por parte de la gestión anterior, que había expresado su descontento con la falta de acción del gobierno para abordar la crisis de la empresa. Oliver Stark, el presidente del directorio saliente, había lanzado críticas abiertas al gobierno, señalando que la inacción no era una estrategia viable: "El Gobierno no se puede quedar en el limbo. La política del avestruz no sirve", expresó. La reacción del Consejo de Ministros no se hizo esperar, y el presidente de la PCM, Gustavo Adrianzén, supuestamente tuvo un enfrentamiento tenso con Stark. Este tipo de confrontaciones evidencian la polarización en la administración pública y cómo las decisiones son influenciadas por intereses personales más que por el bienestar de la empresa y el sector energético en general. En medio de este panorama, César Gutiérrez, ex presidente de Petro-Perú, no escatimó en críticas hacia los nuevos nombramientos. Afirma que Chira, Vera y Bisetti son "las personas menos apropiadas" para liderar un sector que ya ha sufrido por malas decisiones, resaltando que la estatal sufrió pérdidas de US$1.000 millones en 2023. Esta cifra alarmante pone de manifiesto la necesidad de un cambio radical en la dirección estratégica de la empresa. Las decisiones del Ejecutivo parecen estar influenciadas por un ala nacionalista dentro del gobierno, que busca, entre otras cosas, desestabilizar a aquellos funcionarios que promueven la inversión privada en sectores clave como la minería y la energía. La reciente oferta de licitación de los lotes petroleros de Talara por parte del ministerio, cuando Vera estaba al mando, ha intensificado las interrogantes sobre el manejo del sector. Es importante señalar que la situación se complica si consideramos que Vera mantenía una relación dual como ministro y empleado de Petro-Perú, lo que suscita serias preocupaciones sobre la ética y la transparencia en la gestión pública. Esta interconexión entre deberes ministeriales y responsabilidades corporativas es un claro indicativo de los conflictos de interés que pueden surgir. Finalmente, el comunicado del gobierno sobre la remoción de Oliver Stark y su equipo de trabajo ha generado un clima de incertidumbre. La pregunta que queda es si estas nuevas designaciones realmente aportarán a la sostenibilidad de Petro-Perú o si, por el contrario, profundizarán aún más la crisis que afecta a la empresa y, por ende, a la economía del país. La respuesta a esta interrogante es crucial para el futuro del sector energético peruano y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.