Petro-Perú: dilema crítico del gobierno entre liquidación y reestructuración urgente

La situación de Petro-Perú se ha convertido en un dilema crítico para el gobierno peruano, el cual se encuentra atrapado entre la espada y la pared. Por un lado, la posibilidad de liquidar la empresa y lidiar con una insostenible deuda que supera los 8 mil millones de dólares. Por otro, la opción de capitalizar parte de esa deuda y extender líneas de crédito por aproximadamente 3 mil millones de dólares, todo ello bajo la condición de una reestructuración profunda que permita a la compañía salir de su estado de insolvencia. Sin embargo, esta segunda alternativa no garantiza una solución definitiva. La reestructuración podría prolongar la agonía de una empresa que, a pesar de su potencial, se ha convertido en una carga peligrosa para las finanzas del Estado. La experiencia internacional, como la transformación de Ecopetrol en Colombia o Petrobras en Brasil, sugiere que la privatización parcial podría ser el camino hacia la sostenibilidad. Esto se lograría, idealmente, atrayendo inversión privada hasta alcanzar un 51% del accionariado. La propuesta de implementar un Project Management Office (PMO) para guiar esta reestructuración podría ser una solución viable. Contratar a expertos en la gestión de proyectos garantizaría que la transformación de Petro-Perú se realice de manera efectiva, abordando no solo la crisis de liquidez, sino también las ineficiencias estructurales que han aquejado a la empresa durante años. Atraer capital privado no solo aliviaría las finanzas públicas, sino que también podría modernizar la gestión y la operación de la compañía. No obstante, la resistencia a estas opciones ya ha comenzado a manifestarse. Figuras como el exministro Óscar Vera y el expresidente de Petro-Perú, Pedro Chira, han sido convocados por la presidenta para discutir alternativas, lo cual ha despertado el escepticismo de muchos ciudadanos. La indignación es palpable, especialmente considerando que los 3 mil millones de dólares requeridos para financiar la reestructuración podrían destinarse, por ejemplo, a mejorar la justicia y la seguridad en el país, un tema que afecta directamente a la calidad de vida de millones de peruanos. La situación de Petro-Perú sirve también como un espejo de los fallos en la gestión estatal. La Constitución de 1993 establece que el Estado debe intervenir en sectores donde el privado no tenga acceso. Sin embargo, la existencia misma de Petro-Perú parece contradecir este principio, dado que su funcionamiento ha demostrado no ser eficiente ni rentable. Las empresas estatales, al no tener un propietario claro, tienden a convertirse en instrumentos de intereses políticos y sindicales, alejándose de la responsabilidad y la transparencia. Con cada informe de la Contraloría que reporta miles de millones en corrupción, se vuelve evidente que el sistema actual está viciado. Los controles existentes a menudo desincentivan la acción de los funcionarios honestos, mientras que los deshonestos continúan operando en la sombra, sin ser detectados. Esto crea un entorno donde la ineficiencia y la corrupción prosperan. Es necesario repensar el modelo de gestión de las empresas estatales. La propuesta de que las empresas privadas asuman la administración de los servicios públicos, a cambio de resultados medibles, podría ser una solución radical pero necesaria. Además, la creación de organismos autónomos y profesionales dedicados a la supervisión y gestión de servicios estatales podría establecer un nuevo estándar de transparencia y eficiencia. La pregunta que queda es: ¿qué espera el gobierno para tomar decisiones audaces y efectivas? La situación de Petro-Perú no es simplemente un problema financiero; es un reflejo de las falencias de un modelo que, hasta ahora, no ha logrado funcionar. La urgencia de la situación requiere un enfoque que busque no solo la supervivencia de la empresa, sino su transformación en un verdadero motor de desarrollo para el país. La sociedad peruana necesita respuestas concretas y acciones decisivas. La posibilidad de seguir cargando con una empresa en crisis, que consume recursos fiscales en lugar de generarlos, es un escenario que debe ser evitado a toda costa. La oportunidad de reestructurar y transformar Petro-Perú no debe ser vista solo como un desafío administrativo, sino como un imperativo ético y económico que podría marcar el rumbo del país en los años venideros.