Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
El 29 de agosto se ha convertido en una fecha significativa en el ámbito económico de Perú, especialmente por los eventos que han marcado el rumbo fiscal y monetario del país. En este contexto, las recientes ventas de empresas han proporcionado un alivio a las arcas fiscales, aunque persisten dudas sobre la sostenibilidad de estas medidas a largo plazo. Las informaciones más recientes sugieren que, a pesar de la caída en la recaudación fiscal del mes de julio, ingresos no previstos podrían revertir esta tendencia, lo que brinda un rayo de esperanza a las autoridades fiscales. Sin embargo, en medio de este panorama, el proyecto del Ejecutivo sobre el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) ha suscitado un intenso debate. Aunque se busca ofrecer beneficios fiscales, el hecho de que estos se apliquen hasta el próximo año ha generado descontento entre varios sectores. Esta medida ha sido sustentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero algunos economistas y analistas cuestionan su efectividad, argumentando que las exoneraciones podrían llegar demasiado tarde para mitigar el impacto de la recesión. Por su parte, la situación del dólar también ha captado la atención de los analistas económicos. La divisa estadounidense experimentó su mayor alza mensual en seis años, pasando de S/ 3.305 a S/ 3.402 en agosto, lo que refleja la creciente incertidumbre en el mercado global, exacerbada por la guerra comercial en curso. Este aumento no solo afecta a la economía nacional, sino que también pone en evidencia la vulnerabilidad de Perú ante factores externos que escapan a su control. Analistas de varios bancos han señalado que la presión alcista sobre el dólar podría continuar en septiembre, lo que significa que las empresas y los consumidores deben prepararse para un posible aumento en los costos de importación y, por ende, en el costo de vida. En este contexto, la preocupación por la inflación se reaviva y, con ello, la necesidad de que las autoridades adopten medidas efectivas para contenerla. En términos de perspectivas económicas, el panorama para el 2024 parece estar marcado por un fenómeno conocido como "rebote". Según expertos, el crecimiento del próximo año se verá impulsado por una base comparativa débil, dado que el primer semestre de 2023 registró una caída económica. Sin embargo, las proyecciones sobre la inversión privada son diversas; algunos analistas sostienen que se espera una mejora, mientras que otros ven con recelo el entorno actual. Este escenario incierto ha llevado a muchos a cuestionar la capacidad del Gobierno para implementar políticas económicas que realmente generen un impacto positivo. Las críticas no se han hecho esperar, y varios sectores han demandado una estrategia más proactiva que no solo responda a las crisis, sino que también estimule el crecimiento sostenible a largo plazo. Es fundamental que el Gobierno establezca un marco claro en materia de políticas fiscales y monetarias para ganar la confianza de los inversionistas. La incertidumbre y la volatilidad del mercado pueden disuadir la inversión privada, afectando así la creación de empleo y el desarrollo económico del país. Por ello, garantizar un entorno favorable para las empresas es una tarea crucial. Mientras tanto, la ciudadanía sigue siendo testigo de la fluctuación de su poder adquisitivo en medio de un contexto económico desafiante. Las familias enfrentan el dilema de cómo ajustar sus presupuestos ante el aumento de los precios y la incertidumbre económica, lo que les obliga a tomar decisiones difíciles en su vida diaria. A medida que el año avanza, será esencial monitorear de cerca tanto la ejecución de las políticas del Gobierno como las reacciones del mercado. Las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían definir el rumbo económico de Perú por un tiempo prolongado, y la responsabilidad recae tanto en las autoridades como en la capacidad del sector privado para adaptarse a las nuevas realidades del mercado. La colaboración y el diálogo entre todos los actores económicos serán cruciales para enfrentar los desafíos que se avecinan.