Honduras cancela tratado de extradición con EE.UU. generando polémica y temores

La reciente decisión del gobierno de Honduras, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, de finiquitar el tratado de extradición con Estados Unidos ha generado un amplio espectro de reacciones tanto a nivel nacional como internacional. La mandataria argumentó que esta medida responde a la "injerencia" y el "intervencionismo" estadounidense, que, según ella, busca dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes. Esta declaración fue hecha a través de la red social X, donde Castro también anunció que había ordenado al canciller, Enrique Reina, denunciar formalmente el tratado. Este tratado, que ha sido considerado por muchos como una herramienta esencial para combatir el narcotráfico y desmantelar lo que la justicia estadounidense ha calificado como un "narco-Estado" en Honduras, fue firmado bajo la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. Durante su mandato, el país fue objeto de múltiples acusaciones por sus vínculos con el crimen organizado, lo que generó un clima de desconfianza y preocupación entre los aliados internacionales de la nación centroamericana. La decisión de Castro llegó en un contexto tenso, tras la reunión de autoridades hondureñas con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, quien está bajo sanciones por parte de Estados Unidos. La embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, expresó su sorpresa y preocupación por este encuentro, señalando que ver a altos funcionarios de Honduras sentados junto a un narcotraficante era inaceptable. Esto intensificó las críticas hacia el gobierno de Castro y su aparente alineación con el régimen venezolano. El descontento hacia la política exterior del gobierno hondureño no se limita a las autoridades estadounidenses. Internamente, figuras políticas y analistas han expresado su inquietud ante la posibilidad de que esta decisión fortalezca al narcotráfico en el país. El abogado hondureño Juan Carlos Barrientos advirtió que la eliminación del tratado podría significar un "puerto libre" para los narcotraficantes, sugiriendo que esta decisión está diseñada para proteger a figuras cercanas a Castro, incluido su esposo, Manuel Zelaya, quien tiene vínculos con el caso de Hernández en Nueva York. Por otro lado, el vicepresidente del Congreso, Rasel Tomé, defendió la postura del gobierno, argumentando que el derecho internacional permite que ambas partes se reúnan para discutir la posible continuación del convenio. No obstante, la percepción en la sociedad es que el fin del tratado puede tener repercusiones severas y negativas en la lucha contra el crimen organizado. La postura de Castro no es nueva en el contexto latinoamericano. En el pasado, Honduras fue uno de los pocos países que felicitó a Nicolás Maduro tras su cuestionada reelección. Esta cercanía con el régimen venezolano ha alimentado las críticas hacia el gobierno de Castro, que es visto como un aliado de gobiernos que desafían la política tradicional de Estados Unidos en la región. Mientras algunos sectores celebran la decisión del gobierno hondureño, otros se alarman ante las consecuencias que esta podría acarrear. El criminólogo Gonzalo Sánchez sugirió que, en lugar de eliminar el tratado, Honduras debería enfocarse en fortalecer su sistema judicial, citando que muchos de los extraditados han recibido penas mínimas y algunos incluso ya están libres. Esto plantea un dilema sobre la eficacia de las políticas actuales en la lucha contra el narcotráfico en el país. La situación en Honduras se complica aún más cuando se considera el contexto socio-político de la región. La decisión de Castro podría exacerbar aún más las tensiones entre Honduras y Estados Unidos, un socio clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El futuro del tratado de extradición y la relación bilateral entre ambos países se encuentra en una encrucijada, lo que podría tener efectos adversos en la seguridad y la estabilidad en la región. En resumen, la decisión de finiquitar el tratado de extradición con Estados Unidos refleja no solo la postura del gobierno de Xiomara Castro en cuanto a la soberanía nacional, sino también el creciente desafío que enfrentan los países latinoamericanos en su relación con potencias globales. La respuesta de la comunidad internacional a esta medida, así como sus repercusiones en la lucha contra el narcotráfico, serán aspectos a seguir con atención en los próximos meses. La preocupación en torno a la seguridad y la justicia en Honduras se intensifica, mientras el país se encuentra en un momento crucial de su historia política.