Inquietud en el sector privado mexicano ante la reforma judicial de AMLO

Las preocupaciones sobre la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador han dejado una huella considerable en el sector privado mexicano, que se encuentra en estado de alerta. La propuesta de elegir a jueces, ministros y magistrados por vía popular ha generado un intenso debate, no solo en los círculos políticos, sino también en los mercados financieros. Las voces de advertencia han surgido desde múltiples frentes, incluyendo bancos de inversión, empresarios y hasta el embajador de Estados Unidos en México, quienes alertan sobre el impacto potencial en la democracia y, por ende, en la economía mexicana. La reforma, la cual se prevé que permita la elección popular de hasta 900 jueces y magistrados a partir del próximo año, ha suscitado temores sobre la futura independencia del Poder Judicial. La oposición ha argumentado que esta medida podría colocar el sistema judicial bajo una influencia indebida del gobierno, lo que rompería con la necesaria separación de poderes. Esta inquietud ha llevado a que se incluyan modificaciones al proyecto original, como la creación de un Comité de Evaluación para filtrar a los candidatos y un sorteo público para la selección final, pero persisten las dudas sobre la efectividad de estas medidas. Luis Maizel, un inversionista mexicano radicado en Estados Unidos, ha expresado su preocupación de manera contundente. En su opinión, aunque se han implementado filtros, el control del gobierno sobre las ternas de candidatos podría hacer que el voto popular sea irrelevante. Maizel no ha dudado en ajustar sus inversiones, vendiendo bonos de deuda mexicana en un intento por minimizar riesgos ante la inminente aprobación de la reforma en el nuevo ciclo legislativo. El efecto en los mercados ha sido inmediato. El peso mexicano ha sufrido una caída significativa, perdiendo más de un 9% de su valor frente al dólar desde las elecciones de junio. Esta semana, la moneda se devaluó aún más, cerrando en 19.10 por dólar, lo que ha llevado a analistas a prever un deterioro en la confianza de los inversores tanto nacionales como extranjeros. La caída en el valor del peso ha sido vista como una señal de que el clima de inversión está en riesgo, lo que podría repercutir en la economía en general. En paralelo, varios bancos de inversión han emitido informes advirtiendo que la reforma judicial incrementa el riesgo de inversión en México. Las organizaciones empresariales más influyentes del país han pedido al Instituto Nacional Electoral que actúe para limitar el poder de Morena y sus aliados en el Congreso, argumentando que la reforma podría amenazar la democracia y el estado de derecho. La preocupación no es solo local; la ONU también ha manifestado su desacuerdo, señalando que la reforma podría socavar la independencia del sistema judicial. Uno de los giros más inesperados en esta saga ha sido el cambio de postura del embajador estadounidense Ken Salazar. Originalmente favorable a la elección popular de jueces, Salazar reconsideró su posición, afirmando que esta medida podría representar un riesgo para la democracia mexicana y la relación comercial entre ambos países. La intervención de una figura tan relevante ha intensificado la atención internacional sobre el asunto y ha añadido peso a las preocupaciones del sector privado. La opinión sobre la reforma no es unánime. Algunos expertos, como Damian Fraser, sugieren que la presión del mercado, junto con la oposición política interna y externa, podría moderar la propuesta final. Sin embargo, Fraser también advierte que la intención del presidente de fortalecer su control sobre el poder judicial podría tener efectos adversos en el clima de inversión. Él y otros analistas subrayan que la incertidumbre económica generada por esta reforma podría tener consecuencias graves para el futuro de México como destino de inversión. El contexto no es alentador. México ya enfrenta desafíos económicos significativos, incluyendo un alto déficit fiscal y una desaceleración del crecimiento. La reforma judicial, en este sentido, podría ser vista como un elemento más que complica un panorama ya de por sí difícil. Las inquietudes sobre el manejo de recursos en proyectos emblemáticos del gobierno, como la construcción de una refinería y el Tren Maya, suman una capa adicional de riesgo que los inversionistas deben considerar. Finalmente, Maizel enfatiza que el abuso de poder es un fenómeno peligroso. La consolidación del control del partido oficialista sobre el Congreso, la presidencia y potencialmente el Poder Judicial podría llevar a decisiones que se tomen sin el debido debate ni la participación de diferentes sectores de la sociedad. Para el inversionista, la certeza y la estabilidad son fundamentales. El temor a que el país pueda ser transformado por decreto, sin la necesaria discusión democrática, es una preocupación real que podría alejar a los inversores que buscan seguridad y transparencia en sus decisiones. En un ambiente donde las decisiones se toman a puerta cerrada, la confianza se erosiona y el futuro económico de México podría estar en juego.