Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
La reciente declaración de Ilich López, nuevo presidente de la Comisión de Economía del Congreso, ha desatado un amplio debate en torno a la ley que regula los topes de intereses en los préstamos. Según López, esta normativa ha generado un contexto propicio para que los llamados "gota a gota" —prestamistas informales que operan al margen de la ley— se aprovechen de la situación de vulnerabilidad económica que enfrentan muchos ciudadanos. En su opinión, es tiempo de modificar esta ley para que no solo se protejan a los clientes sin problemas crediticios, sino también a aquellos que, por diversas razones, se encuentran en situaciones complicadas. López argumenta que la normativa actual, al limitar la capacidad de los bancos y entidades financieras de ajustar las tasas de interés en función del riesgo del cliente, termina excluyendo a muchas personas de la posibilidad de acceder a créditos formales. "No veremos la derogatoria, sino la modificación", enfatizó, subrayando que el objetivo es encontrar un balance que proteja a los consumidores sin dejarles en manos de prestamistas informales. El parlamentario ilustra su argumento con un ejemplo claro: si un cliente se retrasa un par de días en su pago, automáticamente pasa a ser considerado de alto riesgo por las entidades financieras. Esto no solo les impide acceder a nuevos créditos, sino que los empuja a buscar soluciones en el mercado informal, donde los intereses pueden ser exorbitantes y las condiciones abusivas. "Y como necesita dinero, ¿a dónde cae? Al gota a gota", afirmó. Además de abordar la problemática de los intereses, López hizo hincapié en la necesidad de una reforma en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Criticó lo que considera un enfoque punitivo de esta entidad, que a menudo se traduce en una carga adicional para las pequeñas empresas. En su visión, es crucial que la Sunat adopte un rol más educativo y menos sancionador para facilitar el acceso al financiamiento. El presidente de la Comisión de Economía también destacó la importancia de crear nuevos empleos. Según López, el país necesita generar 350,000 puestos de trabajo anuales para atender a la creciente demanda del mercado laboral. Para alcanzar este objetivo, es imprescindible un crecimiento económico sostenido del 5%, lo que a su vez requiere una inversión significativa en sectores clave como servicios, agricultura, metalmecánica, producción y pesca. "Debemos incentivar la inversión en estos sectores que generan más empleo", subrayó, enfatizando que es fundamental establecer reglas claras que atraigan tanto a inversores nacionales como extranjeros. En su opinión, el Estado también debe jugar un papel activo en este proceso a través de la inversión pública. Un aspecto central de su propuesta es la necesidad de fortalecer el crédito a las micro y pequeñas empresas, que suelen ser las más afectadas por las limitaciones impuestas por la ley de topes de interés. La falta de acceso a financiamiento puede condenar a muchas de estas empresas a la informalidad o a depender de fuentes de crédito poco confiables. La propuesta de modificar la ley de topes de intereses, así como la crítica a la Sunat, ha encontrado eco en diversos sectores de la sociedad. Muchos coinciden en que es necesario crear un entorno más amigable para los emprendedores, que les permita acceder a financiamiento y crecer de manera sostenible. Sin embargo, también hay voces que advierten sobre los riesgos asociados con una posible flexibilización de los topes de intereses. Algunos economistas señalan que un cambio en esta dirección podría llevar al aumento de la carga financiera sobre los consumidores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas. El debate está servido. La iniciativa de Ilich López plantea preguntas fundamentales sobre cómo equilibrar la protección del consumidor con la necesidad de fomentar un sistema financiero más inclusivo y accesible. La próxima discusión en el Congreso será crucial para determinar el rumbo de estas propuestas y su impacto en la economía nacional.