El RIGI y sus riesgos: un dilema entre inversiones y conservación ambiental en Argentina

El reciente Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado por el Congreso argentino, ha encendido alarmas entre las organizaciones ambientales del país. Los ambientalistas advierten que los beneficios fiscales, aduaneros y monetarios que ofrece el gobierno de Javier Milei a las multinacionales podrían socavar la protección de recursos naturales críticos y perjudicar a las comunidades locales. Con una economía debilitada, el gobierno presenta este régimen como la solución a la crisis, pero expertos temen que este modelo extractivista genere consecuencias devastadoras para el medio ambiente y para quienes dependen de él. El RIGI se concibe dentro de un contexto de fuerte extractivismo y exportación, donde se busca atraer inversiones de al menos 200 millones de dólares en sectores como la minería, hidrocarburos y agricultura. A cambio, el régimen ofrece beneficios sin precedentes en la historia argentina, como la reducción del impuesto a las ganancias, la aceleración en la devolución del IVA, y la libre disponibilidad de divisas. Sin embargo, estos incentivos despiertan preocupaciones, ya que no establecen salvaguardias para la conservación del medio ambiente, ni mecanismos de participación para las comunidades afectadas. Los detractores del RIGI señalan que no se contemplan estudios de impacto ambiental previos a la implementación de los proyectos, ni se prevén sanciones por violaciones a las normativas ambientales. Esta falta de regulación podría permitir que empresas continúen operando incluso tras causar daños significativos a ríos, bosques o glaciares. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ha denunciado que el régimen parece consagrar el derecho a destruir recursos naturales sin pensar en las consecuencias. Andrés Nápoli, presidente de FARN, critica que este enfoque extractivista no generará valor agregado para Argentina, y advierte que el supuesto crecimiento económico a través de estas inversiones es engañoso. En su opinión, el modelo no está orientado a fortalecer la economía local, sino a beneficiar a las multinacionales a expensas de la soberanía y de la calidad de vida de las comunidades. La crítica se intensifica al subrayar que las leyes y órdenes judiciales que podrían proteger el medio ambiente serán nulas bajo este régimen. Desde la llegada de Milei al poder, la administración ha adoptado una postura agresiva hacia las leyes de protección ambiental, despreciando las voces que abogan por la conservación. El presidente ha descalificado a los activistas como "una minoría ruidosa" y ha instado a las provincias a "explotar" los recursos naturales del país. Esta visión utilitarista de la naturaleza plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de las políticas actuales y sobre el bienestar de las futuras generaciones. El RIGI tiene un enfoque marcado hacia la explotación de recursos como el litio, el petróleo y la minería, poniendo en peligro a comunidades que podrían verse desplazadas por la presión de grandes inversiones. Diego Morales, director del Centro de Estudios Legales y Sociales, advierte que las comunidades indígenas y campesinas enfrentan riesgos elevados, pues a menudo son estigmatizadas como obstáculos al progreso. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los derechos de estas comunidades. Las provincias deberán adherirse al RIGI y las empresas tendrán un plazo de dos años para presentar sus proyectos. Sin embargo, el tiempo limitado para la evaluación de estos iniciativos genera preocupación sobre la posibilidad de llevar a cabo un análisis exhaustivo de los impactos socioambientales. Los expertos sugieren que esta premura puede llevar a decisiones apresuradas que ignoren la voz y los derechos de las comunidades afectadas. A pesar de las adversidades, los ambientalistas mantienen la esperanza en la organización y resistencia de las comunidades. Tanto Nápoli como María Laura Isla Raffaele, investigadora del Conicet, resaltan la importancia de la movilización social y de la articulación entre diferentes grupos. La experiencia histórica de Argentina en la defensa del medio ambiente y la capacidad de resistencia de su sociedad pueden ser factores cruciales para enfrentar los desafíos que plantea el RIGI. No obstante, Morales subraya que la regresión en la protección ambiental podría llevar a Argentina a contradecir sus compromisos internacionales, como el Acuerdo de Escazú y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La situación actual plantea un escenario de gran incertidumbre, donde la defensa del ambiente se convierte en un reto que requiere la colaboración entre diferentes sectores de la sociedad, así como una vigilancia activa de las políticas gubernamentales. El futuro de Argentina, en términos de desarrollo y sostenibilidad, parece estar en una encrucijada. Con la implementación del RIGI, las decisiones que se tomen en las próximas semanas y meses tendrán un impacto no solo en la economía, sino también en el tejido social y ambiental del país. La lucha por un equilibrio entre desarrollo y conservación es más relevante que nunca, y los ojos del mundo están puestos en cómo Argentina decidirá avanzar en este complejo dilema.