Empresas españolas abogan por una Ley de Industria ambiciosa y concreta

Las empresas industriales en España han comenzado a expresar sus opiniones sobre el borrador del anteproyecto de la Ley de Industria, una normativa que se espera revitalice la competitividad del sector. Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que representa a un significativo 60% de la producción industrial en el país, ha manifestado que el cierre de fábricas no es una decisión que se toma a la ligera, sino un reflejo de la incapacidad para mantener la competitividad en un mercado global. Esta afirmación subraya la urgencia de abordar los desafíos que enfrenta la industria nacional. La nueva ley, la primera en más de tres décadas, busca establecer un marco normativo que impulse la reindustrialización y la autonomía estratégica de España. Reinoso ha acogido con optimismo esta iniciativa, señalando que es un momento crucial para la industria, que necesita contar con un respaldo legal sólido que le permita adaptarse a los cambios y desafíos actuales. Sin embargo, el portavoz también ha indicado que este borrador necesita ser más ambicioso y específico en sus objetivos y mecanismos. Entre las preocupaciones de la Alianza se encuentra el temor a un "tsunami regulatorio", que podría generar incertidumbre en un sector que ya se enfrenta a múltiples desafíos. Reinoso ha enfatizado que no solo es importante que la ley sea aprobada, sino que también se implementen acciones concretas y plazos claros para su desarrollo. La falta de seguimiento podría derivar en una frustración mayor si las expectativas no se materializan en acciones tangibles. Los comparativos internacionales son inevitables en este contexto. Reinoso ha mencionado que otros países, como Estados Unidos y China, han adoptado políticas muy activas para proteger y fomentar su industria. Esta realidad plantea un desafío urgente para España, que debe aumentar sus esfuerzos para no quedar rezagada en la competencia global. La necesidad de un enfoque más proactivo es clara, y la Alianza ha instado al Gobierno a comprometerse a mantener un apoyo financiero sostenible más allá de los fondos europeos de Next Generation. Desde la Alianza, se hace hincapié en la importancia de dotar a la reindustrialización de España de recursos humanos y financieros adecuados. La sostenibilidad de estas inversiones es crucial para garantizar que las fábricas no solo sobrevivan, sino que prosperen en un entorno competitivo. Reinoso ha pedido que se establezca una línea de apoyo ambiciosa y permanente que permita a la industria adaptarse y evolucionar. La nueva ley también introduce la figura de la Recapi, una reserva destinada a asegurar el suministro de recursos esenciales en momentos de crisis. Sin embargo, esta medida ha suscitado dudas sobre su efectividad. Reinoso ha cuestionado la idea de mantener producciones no rentables y ha argumentado que la verdadera autonomía estratégica debería basarse en crear un entorno atractivo para la inversión, en lugar de depender de intervenciones forzadas. Otro punto de controversia es la creación de un Comité de Inversiones Estratégicas bajo la dependencia de la Presidencia del Gobierno. Aunque la implicación directa de Moncloa en la normativa es vista como positiva, también plantea interrogantes sobre la selección política de lo que se considera estratégico. Reinoso ha defendido la importancia de permitir que el mercado y la competencia guíen las decisiones de inversión, en lugar de imponer criterios políticos. El futuro de esta ley también se jugará en el Parlamento, donde la Alianza anticipa que el consenso político será esencial para su éxito. La representación de las comunidades autónomas será un factor determinante en la discusión. Reinoso ha subrayado que un encaje adecuado entre las diferentes administraciones será clave para garantizar que la ley sea efectiva y cumpla con los objetivos planteados. En resumen, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española se enfrenta a un momento decisivo. La nueva Ley de Industria podría ser un paso crucial hacia la recuperación y modernización del sector, pero su éxito dependerá de su ambición, claridad en su implementación y la capacidad del Gobierno para movilizar recursos y generar un marco de confianza que fomente la inversión. La industria espera que esta oportunidad no se pierda y se convierta en un motor de crecimiento para el país.