El Caso Cocteles: críticas a la manipulación judicial y sus irregularidades

El Caso Cocteles ha estado en la mira del Poder Judicial durante demasiado tiempo, y muchos expertos, incluidos destacados penalistas, abogan por su archivo inmediato. La situación actual revela no solo un vacío legal, sino también un uso político del sistema judicial que ha generado un escándalo en la opinión pública. La prolongación de este juicio, que se sostiene sobre bases frágiles, es un claro ejemplo de cómo las instituciones pueden ser manipuladas para fines ajenos a la justicia. Desde su inicio, el Caso Cocteles ha sido defendido por sus opositores como una consecuencia de donaciones de campaña, las cuales, de acuerdo con la legislación vigente, no constituyen delito alguno. Esta premisa ha sido reiterada en múltiples ocasiones, pero los esfuerzos por presentar el caso como un asunto de lavado de activos han fracasado. La falta de fundamento legal ha llevado a interrogantes sobre la motivación detrás de su apertura, sugiriendo que se trata más de un ataque político que de un verdadero interés por la justicia. El abogado Arsenio Oré ha expuesto de manera contundente las falencias estructurales del proceso. Según él, las acusaciones presentadas carecen de los elementos mínimos que exige el Código Procesal Penal, lo que debería haber llevado al juez a archivar la causa en lugar de abrir un juicio. Este hecho pone de manifiesto una evidente falta de rigor en la administración de justicia y plantea serias dudas sobre la imparcialidad del sistema. Uno de los derechos fundamentales en cualquier proceso judicial es que el acusado debe conocer detalladamente los cargos en su contra. Sin embargo, el fiscal José Domingo Pérez ha presentado una acusación tan genérica que los imputados no han podido defenderse adecuadamente. Este es un principio elemental que debería ser respetado siempre, y la incapacidad del fiscal para cumplir con este requisito básico es alarmante. La situación se agrava aún más por el hecho de que, a pesar de las reiteradas solicitudes del juez para subsanar las deficiencias del expediente, el proceso se ha llevado a cabo de manera irregular. El juez, en un ejercicio que raya en lo absurdo, pidió subsanar deficiencias en más de una docena de ocasiones, cuando el procedimiento legal solo permite una subsanación, y por escrito. Este tipo de irregularidades no solo son preocupantes, sino que también indican un posible sesgo por parte del sistema judicial. Además, la falta de individualización de los cargos y pruebas presentadas contra los 49 imputados resalta la precariedad del caso. Después de un extenso período de investigación preparatoria de seis años, sorprende que no existan pruebas suficientes para llevar a cabo un juicio. En un contexto normal, el juez debería archivar el caso, pero la realidad es que se ha optado por continuar con un procedimiento que carece de sustento. El apuro del fiscal para cerrar la investigación preparatoria también levanta sospechas sobre la verdadera naturaleza del caso. Se ha señalado que Pérez decidió apresurarse para poder presentar la acusación justo antes de las elecciones de 2021, cuando Keiko Fujimori, la principal acusada, competía por la presidencia. Este hecho no solo cuestiona la legitimidad del proceso, sino que también sugiere que se utilizó el sistema judicial como herramienta de guerra política. La premura con la que se redactó la acusación, un extenso documento de 13 mil páginas en solo cinco horas, es otra muestra de la falta de seriedad y rigor que ha caracterizado este caso. Por ley, el fiscal tenía un plazo de 30 días para presentar la acusación, lo que hace evidente que se actuó de manera irregular y apresurada, obviando las necesidades del proceso judicial en favor de un objetivo político manifestado. Esta serie de irregularidades no pueden ser ignoradas. El Caso Cocteles ha dejado al descubierto un sistema que, de forma alarmante, parece estar más interesado en el espectáculo político que en la verdadera justicia. La prolongación de este juicio no solo afecta la reputación de los imputados, sino que también socava la credibilidad de las instituciones judiciales. Es imperativo que el Poder Judicial reevalúe la viabilidad de este caso y considere su archivo. La justicia no solo debe ser un objetivo, sino también un proceso transparente y equitativo. La situación actual solo nos recuerda la importancia de salvaguardar la integridad del sistema judicial ante los embates de la política y los intereses personales. La verdad y la justicia deben prevalecer por encima de cualquier agenda oculta.