Una década de lucha por el salario mínimo en México: logros y retos futuros

En agosto de 2024 se cumplen diez años desde que se inició un debate crucial en México: el aumento al salario mínimo y el fortalecimiento del poder de compra de los trabajadores. Este cambio en la narrativa sobre el salario mínimo en el país comenzó con la publicación de un documento que, aunque pasó desapercibido en su momento, sentó las bases para lo que se convertiría en un movimiento significativo. Antes de 2014, la élite tecnocrática que gobernaba México había desestimado cualquier aumento al salario mínimo que excediera la inflación, basando su argumento en supuestas consecuencias negativas para el empleo y la economía. El documento que marcó un antes y un después fue "Política de recuperación en México y en el Distrito Federal del salario mínimo. Propuesta para un acuerdo". Redactado por funcionarios del gobierno del entonces Distrito Federal en colaboración con académicos, este texto evidenció el alarmante deterioro del salario mínimo, que había perdido más del 70% de su valor entre 1976 y 2014. Los autores no solo presentaron esta cruda realidad, sino que también argumentaron a favor de la necesidad de un aumento y criticaron la visión tradicional que consideraba el incremento como un riesgo inflacionario. Este análisis se complementó con otro estudio que puso de manifiesto la desigualdad extrema de la riqueza en México. Se evidenció que el rendimiento de la riqueza de los cuatro hombres más ricos del país podría, en teoría, emplear a tres millones de trabajadores a salario mínimo, lo que superaba la cifra total de desempleados en el país. Este contraste puso de relieve no solo la magnitud de la riqueza concentrada en manos de unos pocos, sino también la miseria que representaba el salario mínimo para millones de mexicanos. La discusión que surgió a raíz de estos documentos no solo se quedó en el ámbito académico, sino que se trasladó al terreno de la política pública. Con la presión creciente, se llevaron a cabo modificaciones legislativas que llevaron a la creación de nuevas unidades de medida para la fijación de precios y tarifas, lo que dio un primer paso para permitir ajustes al salario mínimo sin que esto afectara a otras áreas económicas. Estos cambios pavimentaron el camino para que, a partir de 2016, comenzara un ciclo de aumentos, aunque en un principio estos fueron tímidos. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en diciembre de 2018. Desde entonces, el salario mínimo ha experimentado incrementos significativos, alcanzando tasas de crecimiento que reflejan los escenarios propuestos en el documento de 2014. A la fecha, el salario real ha aumentado considerablemente, marcando un crecimiento de más del doble en la mayoría del país y más del triple en la zona fronteriza. Este aumento no es solo una cifra; ha tenido un impacto tangible en la reducción de la pobreza en México entre 2018 y 2022. Aunque estos cambios han sido bien recibidos, es crucial recordar que el tema del salario mínimo no formó parte de la agenda política de López Obrador en sus campañas anteriores. Fue solo tras el inicio de la discusión pública en 2014 que el tema se convirtió en un eje central de su plataforma electoral en 2018. Este recorrido de una década demuestra cómo una batalla por las ideas puede tener efectos reales en la política y en la vida cotidiana de los ciudadanos. La discusión pública sobre el salario mínimo ha mostrado el poder que tienen las demandas sociales cuando se organizan y se presentan con datos sólidos y argumentos bien fundamentados. El aumento al salario mínimo en México puede ser un ejemplo exitoso de cómo la presión social y el análisis crítico pueden cambiar la dirección de una política pública. Aún así, es vital continuar vigilando y presionando para que estos aumentos se mantengan y que el salario mínimo se ajuste de manera que refleje el costo de vida y la dignidad que merecen los trabajadores. La lucha por un salario justo no ha terminado y, si algo ha demostrado esta última década, es que la voz de la ciudadanía puede resonar y generar cambios significativos. El futuro del salario mínimo en México dependerá no solo de decisiones políticas, sino también de la persistencia de la sociedad civil. La historia reciente nos deja claro que las luchas por la justicia económica pueden transformar la realidad de un país, siempre y cuando se mantenga vivo el debate y se exija una política pública inclusiva y equitativa.