Nuevo Ministerio de Infraestructura en Perú: ¿Oportunidad o mero clientelismo?

El reciente anuncio del Poder Ejecutivo acerca de la creación de un nuevo Ministerio de Infraestructura ha suscitado un amplio debate en la sociedad peruana, así como en los círculos políticos y económicos. La propuesta, que busca centralizar y mejorar la gestión de los proyectos de infraestructura pública en el país, podría representar un paso significativo hacia la modernización de la administración pública. Sin embargo, la experiencia del Perú en términos de gestión estatal y los desafíos asociados a la descentralización generan serias dudas sobre la efectividad de esta iniciativa. Desde una perspectiva teórica, la creación de un ministerio con atribuciones amplias y específicas tiene el potencial de abordar de manera integral las deficiencias en infraestructura que sufre el país. El Ejecutivo ha delineado objetivos claros: planificar y gestionar proyectos, mejorar los servicios públicos, y reducir las brechas existentes en sectores críticos como salud y educación. Estas intenciones se alinean con buenas prácticas internacionales, donde ministerios similares han logrado avances significativos en la coordinación y ejecución de proyectos. Sin embargo, el contexto peruano es complejo. La debilitada institucionalidad, caracterizada por la corrupción y la falta de transparencia, plantea interrogantes sobre cómo este nuevo ministerio podría operar. La historia reciente del país está marcada por la creación de entidades que, lejos de mejorar la situación, han terminado siendo más un refugio de clientelismo que de eficiencia. Si el nuevo ministerio no se estructura sobre bases sólidas de meritocracia y transparencia, corre el riesgo de convertirse en un “mastodonte burocrático” que no resolverá, sino que perpetuará, los problemas existentes. El éxito de esta propuesta dependerá, en gran medida, de la implementación de un riguroso sistema de selección para el personal que integrará el ministerio. La prioridad debe ser contar con profesionales capacitados y con experiencia en el sector, y no permitir que la política y el nepotismo entren en juego en la configuración de este nuevo organismo. La creación de mecanismos claros y transparentes de contratación será esencial si se pretende evitar que el ministerio se convierta en un refugio para amigos y familiares de funcionarios. Además, es fundamental reconocer que la creación del Ministerio de Infraestructura no es una solución mágica a los problemas de gestión en el país. La falta de una planificación y ejecución adecuada ha llevado a que, a nivel nacional, se evidencien serias deficiencias en la infraestructura básica. Datos alarmantes revelan que menos del 30% de los locales escolares públicos cuentan con servicios básicos, y más del 90% de las instalaciones de salud no tienen capacidades adecuadas. Esta realidad desoladora plantea un desafío monumental que un nuevo ministerio por sí solo no podrá mitigar sin reformas estructurales profundas. La ineficiencia en la ejecución de proyectos públicos también se manifiesta en las cifras recientes. A nivel nacional, los cinco sectores más financiados han ejecutado solo el 45% de sus recursos, con casos extremos como la municipalidad de San Marcos, que apenas ha ejecutado el 16% de su presupuesto. Al mismo tiempo, más de 24 mil proyectos permanecen sin ningún desembolso, lo que pone de manifiesto una crisis en la gestión de los recursos públicos. Las malas prácticas en la gestión de proyectos son recurrentes: cada año se asignan recursos a más de 45 mil proyectos, y un tercio de ellos son nuevos, desplazando a otros que quedan descontinuados. Esta rotación constante de proyectos revela una alarmante falta de planificación y continuidad en la ejecución. Las capacidades institucionales parecen ser insuficientes para llevar a cabo los proyectos de manera efectiva, lo que termina generando frustración y desconfianza en la ciudadanía. En los últimos diez años, de los cerca de 150 mil proyectos ejecutados, solo se ha completado el 10%. Esta estadística, que se traduce en un 1% de proyectos finalizados al año, es un claro indicador de la ineficiencia sistémica que afecta a la infraestructura en el país. Ante este panorama, la pregunta que surge es: ¿podrá el nuevo Ministerio de Infraestructura revertir esta tendencia y cerrar las brechas críticas que enfrenta el Perú? El camino hacia la creación de un ministerio que realmente funcione como una herramienta de cambio en la infraestructura del país es largo y complicado. Si bien la idea de un "megaministerio" puede parecer atractiva sobre el papel, en la práctica, los retos son significativos. La implementación de reformas profundas y la transformación cultural en la gestión pública serán imperativas para que esta iniciativa no se quede solo en un intento más de mejorar la situación de infraestructura en el país, sino que realmente logre un impacto positivo y duradero en la calidad de vida de los peruanos. La ciudadanía espera ansiosa ver si esta nueva propuesta se convierte en una solución efectiva o en otro capítulo más de una historia que parece no tener fin.