Maduro reanuda anulación de pasaportes a periodistas y defensores de derechos humanos

En un contexto de creciente tensión política, el gobierno de Nicolás Maduro ha reactivado la anulación de pasaportes de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, una medida que ha desatado alarmas en la sociedad civil venezolana. Desde la realización de las elecciones presidenciales el 28 de julio, se han documentado al menos 16 casos de ciudadanos cuyos documentos de identidad han sido cancelados, según denuncia Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público. Las implicaciones de esta acción son profundas, pues constituyen una clara violación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional de Venezuela. Correa subraya que esta medida atenta contra el derecho a la libre movilidad y al libre desplazamiento, colocando a los afectados en una situación de vulnerabilidad. La arbitrariedad de la anulación se ha visto corroborada por testimonios de personas que han enfrentado no solo la pérdida de su pasaporte, sino también detenciones sin justificación. En el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde se lleva a cabo la verificación de los pasaportes, se han confirmado las anulaciónes, aunque las razones detrás de estas acciones permanecen en la penumbra. Fuentes cercanas al Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) indican que las decisiones no se toman de manera regional, sino que se originan en instancias más altas, lo que deja entrever un control centralizado sobre la movilidad de los ciudadanos. Históricamente, la administración de Maduro ha utilizado esta táctica como un mecanismo de control social. Entre los años 2016 y 2019, políticos, artistas y defensores de derechos humanos también sufrieron la suspensión de sus pasaportes, lo que les impidió volar fuera del país. Sin embargo, tras un breve periodo de calma, esta política parece haber resurgido con el mismo objetivo de silenciar cualquier crítica que amenace el statu quo. El miedo a la represión se ha apoderado de la comunidad de activistas y defensores de derechos humanos. Una docente universitaria y activista que prefiere permanecer en el anonimato ha compartido su experiencia con la anulación de su pasaporte, que aún tenía validez hasta 2032. "Por ahora no pienso solicitar otro, ni viajar. Sería un riesgo innecesario", confiesa, reflejando la incertidumbre y el pánico que ha provocado esta situación. Las detenciones de figuras prominentes, como la abogada Aura Janesky Lehmann y la activista humanitaria Edni López, han encendido las alarmas en el sector académico y social. Ambas fueron detenidas en el aeropuerto, acusadas de irregularidades relacionadas con sus pasaportes, lo que ha generado un clima de inquietud que se extiende más allá de los límites de la propia comunidad de defensores de derechos. Otro caso que ha suscitado preocupación es el del activista Yendri Velásquez. Al intentar salir del país para participar en una sesión del Comité de la ONU para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, su pasaporte fue anulado y, tras seis horas de detención, fue liberado. Sin embargo, esta experiencia le impidió presentar un informe crucial ante la comunidad internacional, lo que refleja las graves consecuencias de estas acciones sobre la defensa de los derechos humanos en el país. La anulación de pasaportes y las detenciones arbitrarias no solo afectan a los individuos directamente implicados, sino que también tienen un efecto disuasorio sobre otras organizaciones. El temor a represalias ha llevado a muchas de ellas a desistir de participar en eventos internacionales o a realizar presentaciones, lo que limita la visibilidad de la situación de los derechos humanos en Venezuela. A medida que la crisis continúa profundizándose, la comunidad internacional observa con atención estos desarrollos. Sin embargo, la respuesta que se espera de los organismos internacionales se enfrenta a la realidad de un gobierno que ha mostrado una resistencia férrea a ceder ante la presión externa. La anulación de pasaportes y la represión de voces críticas son solo dos manifestaciones de un régimen que se aferra al poder mientras ignora las demandas de libertad y justicia de su pueblo. En este escenario, la solidaridad entre activistas, periodistas y defensores de derechos humanos se vuelve más crucial que nunca. La lucha por el respeto a los derechos fundamentales en Venezuela está lejos de terminar, y a medida que se intensifican las acciones represivas, la resistencia civil y el apoyo internacional podrían ser la clave para desafiar la oscuridad que envuelve al país.