Presidente del Poder Judicial alerta sobre recortes que amenazan la justicia en Perú

En un contexto político cada vez más tenso, el presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, ha alzado la voz contra el recorte de presupuesto que su institución ha sufrido para el año 2025. Durante la ceremonia por el Día del Juez, celebrada en el Palacio de Justicia, Arévalo describió la decisión de reducir S/3.500 millones del presupuesto como "arbitraria" y perjudicial para el funcionamiento de la judicatura, lo que podría tener repercusiones graves en la lucha contra la criminalidad en el país. El recorte, que el presidente del PJ atribuye a un "funcionario de nivel medio", ha generado un gran malestar no solo en el Poder Judicial, sino también en otras instituciones del Estado, quienes ven en esta acción un signo de descoordinación y falta de respeto entre los poderes. En su discurso, Arévalo fue claro al señalar que esta decisión no había sido discutida con los altos mandos del Ejecutivo, como el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, o el ministro de Economía, José Arista. "Esto es inaceptable", sentenció. La Ley 28821, que establece la coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para la asignación presupuestaria, fue citada por Arévalo como un marco legal que se ha ignorado en este recorte. La falta de diálogo y la toma de decisiones unilaterales por parte de un funcionario de menor rango no solo contradice el espíritu de esta ley, sino que también pone en riesgo proyectos fundamentales en el ámbito judicial que estaban previstos para el próximo año. El presidente del PJ también hizo énfasis en que este recorte afecta directamente la implementación de unidades de flagrancia, que han demostrado ser efectivas en la lucha contra la criminalidad. "Ustedes saben el éxito que tienen estas unidades, pero con este recorte se destruye la posibilidad de continuar implementándolas", señaló Arévalo, advirtiendo que la reducción de recursos podría llevar a una mayor impunidad y un aumento de la criminalidad. La intervención de Arévalo no quedó ahí. También hizo un llamado directo a la presidenta Dina Boluarte para que interceda ante el ministro de Economía, a fin de expresar su malestar por el impacto de esta medida en la judicatura. "Esto le hace daño a su gestión", afirmó, aludiendo a las consecuencias que podría tener en la percepción pública sobre la capacidad del gobierno para enfrentar los desafíos en materia de seguridad. La preocupación de Arévalo no es infundada. En un país donde el crimen organizado avanza a pasos agigantados, el debilitamiento de las instituciones encargadas de garantizar la justicia podría abrir la puerta a un escenario aún más complicado. "No nos sorprenda que en las próximas elecciones candidatos financiados por el narcotráfico y la minería ilegal lleguen a ocupar un lugar en la representación parlamentaria", advirtió, enfatizando la urgencia de actuar antes de que sea demasiado tarde. La situación se complica aún más con la reciente propuesta de un proyecto de ley que busca promover la responsabilidad de jueces y fiscales, impulsada por el hermano del prófugo Vladimir Cerrón. Este proyecto ha levantado una serie de alarmas sobre los peligros que representa para la independencia judicial. Algunos expertos advierten que este tipo de iniciativas pueden ser utilizadas como herramientas de presión contra los magistrados, lo que podría comprometer el ya frágil equilibrio de poderes en el país. La suma de estos factores pone de manifiesto la delicada situación que enfrenta el sistema judicial peruano. Con un recorte presupuestal significativo y propuestas de ley que amenazan la autonomía de los jueces y fiscales, la legitimidad del Poder Judicial se encuentra en una encrucijada. Mientras tanto, la ciudadanía observa con creciente preocupación cómo las decisiones en el ámbito político pueden perjudicar gravemente su seguridad y el acceso a la justicia. El presidente del PJ ha hecho un llamado a la reflexión y al diálogo, enfatizando que la lucha contra la criminalidad no puede ser vista como una tarea aislada de uno u otro poder del Estado. Es fundamental que exista una coordinación efectiva y un compromiso real de todos los sectores para enfrentar los desafíos que el país enfrenta en materia de seguridad y justicia. Sin esta colaboración, el riesgo de ver a un Estado debilitado por la corrupción y el crimen organizado se vuelve un escenario más que probable.