Archivo de investigación por genocidio a Dina Boluarte desata debate político en Perú

La decisión del Ministerio Público de archivar la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de genocidio ha generado un amplio debate en la escena política peruana. Este anuncio, realizado por el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, a través de su cuenta oficial en la red social X, marca un importante hito en un caso que ha estado rodeado de controversia desde su inicio. Las muertes ocurridas durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023 habían suscitado críticas y llamados a la rendición de cuentas, lo que hacía de esta investigación un tema candente en el país. La resolución del Ministerio Público establece que no existen los méritos suficientes para formular una denuncia constitucional no solo contra Boluarte, sino también contra otros exfuncionarios, incluidos el exprimer ministro Pedro Angulo y varios exministros, quienes también fueron señalados en las acusaciones. Esta decisión ha sido recibida con alivio por parte de la defensa de la mandataria, quien argumenta que la imputación de genocidio era desproporcionada y carecía de fundamento. Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, destacó que el archivamiento de la acusación de genocidio es un paso positivo, aunque lo consideró tardío. Según él, esta acusación había tenido repercusiones negativas tanto para la figura de la presidenta como para la estabilidad política del país. "Genocidio era una locura, nunca tuvo sentido", afirmó Campos, sugiriendo que la prolongada investigación había creado un clima de incertidumbre que afectó la gobernabilidad. La decisión de archivar la investigación también abre la puerta a un análisis más profundo sobre las acciones de las fuerzas del orden durante las protestas. Campos subrayó la importancia de investigar si hubo un uso adecuado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta cuestión es fundamental en el contexto de la discusión pública sobre derechos humanos y la responsabilidad del Estado en situaciones de conflicto social. Mientras la defensa de Boluarte celebra el archivo de la acusación de genocidio, la opinión pública y los actores políticos se dividen. Algunos consideran que el archivo es un alivio para la presidenta, mientras que otros cuestionan si se han sacado las lecciones necesarias de las trágicas muertes ocurridas durante las protestas. Estas muertes, que dejaron un saldo de ciudadanos fallecidos, siguen siendo un punto de dolor y una demanda de justicia por parte de las familias afectadas. La situación se complica aún más cuando se considera el contexto político en el que se desarrolla este acontecimiento. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se encuentra en un estado crítico, y el discurso que Boluarte ofrece a la nación es observado de cerca no solo por sus seguidores, sino también por sus opositores. La pregunta que ronda es cuánta importancia le otorgarán los congresistas al mensaje de la presidenta en medio de un clima de desconfianza y oposición. La administración de Boluarte deberá navegar cuidadosamente en este escenario para mantener su legitimidad y asegurar el respaldo necesario para su gestión. La reciente resolución del Ministerio Público puede ser vista como un respiro, pero también podría intensificar los llamados a una mayor rendición de cuentas por las decisiones tomadas durante momentos de crisis. El futuro político de Boluarte y su capacidad para continuar liderando el país dependerán en gran medida de cómo aborde las críticas y demandas sociales que persisten. La gestión de las expectativas ciudadanas y la respuesta a las necesidades de la población se tornan esenciales en este contexto, donde la memoria de las protestas aún está fresca en la mente de muchos peruanos. Finalmente, el archivo de la investigación por genocidio no marca el fin de los cuestionamientos hacia la presidenta, sino más bien el inicio de un nuevo capítulo en un complejo panorama político. La historia de estas protestas y sus consecuencias seguirá siendo un tema de debate y análisis, tanto en el ámbito judicial como en el político, mientras el país intenta encontrar un camino hacia la reconciliación y la estabilidad.