Boluarte reafirma compromiso de no privatizar el agua y promete mejoras al servicio

En un mensaje a la nación con motivo de las Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte ha reafirmado su compromiso de no privatizar el servicio de agua potable durante su mandato. En un contexto donde la incertidumbre sobre el acceso al agua se ha convertido en un tema crucial para muchas familias peruanas, la mandataria buscó tranquilizar a la población en un momento donde las preocupaciones sobre el aumento de tarifas y la calidad del servicio son palpables, especialmente entre los sectores más vulnerables. Boluarte, visiblemente comprometida con esta causa, declaró: "No se privatizará el agua". Esta afirmación busca disolver los temores de millones de peruanos que ven en la privatización una amenaza a su derecho a un recurso esencial. La mandataria también destacó que su administración tiene como objetivo mejorar la eficiencia y equidad en la distribución del agua, una promesa que, de materializarse, podría transformar la realidad de muchos ciudadanos que aún carecen de acceso regular a este servicio vital. Durante su intervención, la presidenta no solo centró su mensaje en la negativa a la privatización, sino que también agradeció al Congreso por la reciente aprobación de la Ley de Acceso Universal al Agua Potable. Esta legislación se convierte en un pilar fundamental para abordar las necesidades de las familias más desfavorecidas, que hoy enfrentan serias dificultades para acceder al agua potable. La Ley plantea medidas concretas, como la instalación de sistemas no convencionales que incluyen plantas potabilizadoras portátiles y piletas públicas. Estas iniciativas, que se espera comiencen a implementarse en el último trimestre de 2024, son vistas como pasos necesarios para cerrar las brechas sociales que han perpetuado la desigualdad en el acceso a servicios básicos en el país. Boluarte recalcó que el agua es "un derecho fundamental de la persona humana", una afirmación que pone de relieve la necesidad de garantizar este recurso no solo como un bien, sino como un derecho inherente a todos los ciudadanos. Este enfoque en la dignidad humana es fundamental, especialmente en un país donde la falta de acceso al agua potable sigue siendo un desafío para muchas comunidades. Sin embargo, la declaración de la presidenta no ha estado exenta de críticas. Algunos sectores de la oposición han cuestionado la viabilidad de sus promesas, sugiriendo que las palabras deben ir acompañadas de acciones concretas y que el camino hacia la mejora del servicio de agua requiere una inversión significativa y un cambio en la gestión existente. Las dudas sobre la capacidad del gobierno para implementar estas reformas en un contexto de crisis económica y polarización política son legítimas. Además, la opinión pública se mantiene atenta a cómo se ejecutarán las iniciativas planteadas en la Ley de Acceso Universal. La implementación exitosa de estas medidas dependerá en gran medida de la coordinación entre el gobierno central y los gobiernos locales, así como de la disponibilidad de recursos, tanto financieros como humanos. A medida que el país avanza hacia el cierre de brechas en el acceso al agua, la presión sobre el gobierno para actuar se intensificará. La población no solo espera que se cumplan las promesas hechas durante el mensaje presidencial, sino que también se les garantice un acceso equitativo y sostenible a un recurso tan vital como es el agua. En resumen, el mensaje de Dina Boluarte resuena en un contexto de expectativa y esperanza, pero también de escepticismo. Solo el tiempo dirá si las palabras se traducirán en cambios tangibles que beneficien a todos los peruanos, especialmente aquellos que han sido olvidados por las políticas públicas durante décadas. La lucha por el acceso al agua potable en Perú continúa, y la presión sobre el gobierno para cumplir sus promesas será un tema central en los próximos meses.