El alcalde de Guayaquil denuncia persecución política por caso de contrabando de combustible

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ha levantado una voz de alerta ante lo que él considera una persecución en su contra tras el reciente allanamiento de las oficinas de la cadena de estaciones de servicio de la que es propietario. Esta acción por parte de la Fiscalía se da en el marco de una denuncia presentada por el Gobierno de Ecuador por presunto contrabando de combustibles en la que su empresa se encuentra involucrada. Alvarez ha manifestado su preocupación ante lo que percibe como un intento de desprestigio hacia él y su gestión, especialmente en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones generales extraordinarias de 2025. El alcalde ha destacado que su elección al frente de la alcaldía de Guayaquil se dio bajo el auspicio de la Revolución Ciudadana (RC), liderada por el expresidente Rafael Correa. En este sentido, ha señalado que en el actual escenario político, la RC sería el principal contrincante del Gobierno en caso de que el presidente actual, Daniel Noboa, busque la reelección. Estas declaraciones apuntan a una posible instrumentalización de las instituciones para fines políticos en un momento crucial para el futuro del país. Alvarez ha criticado el uso de la bandera de Guayaquil en el logotipo del caso de presunto contrabando de combustible, bautizado como 'Triple A', por considerarlo denigrante y vinculado de manera innecesaria con la Revolución Ciudadana. La eliminación de la llama del logotipo de la RC, realizada recientemente, sugiere un intento de deslindarse de la polémica generada en torno a este caso y de desvincular a la organización política de las acusaciones de corrupción. Las acusaciones de contrabando de combustible han generado un fuerte debate en Ecuador, especialmente luego de que el presidente Noboa pusiera en evidencia la magnitud del problema al mencionar que algunas compañías han estado involucradas en actividades ilícitas que han representado pérdidas millonarias para el Estado. La subida de precios de las gasolinas de mayor consumo, acompañada de la reducción de subsidios, ha sido interpretada como una medida para frenar el contrabando y evitar que el país siga sufriendo las consecuencias económicas de estas prácticas fraudulentas. La denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr) ha revelado la complejidad de la problemática del contrabando de combustible en Ecuador. El hecho de que este combustible sea posteriormente revendido en países vecinos como Colombia o Perú, donde los precios son más altos debido a la liberalización del mercado, destaca la necesidad de abordar esta situación de manera integral y coordinada entre los diferentes actores involucrados. En este contexto, la respuesta del Gobierno ante las acusaciones de contrabando de combustible será clave para establecer la transparencia y la eficacia de las medidas adoptadas. La sociedad ecuatoriana espera que se esclarezcan los hechos, se identifiquen a los responsables y se tomen las medidas necesarias para prevenir que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. La lucha contra la corrupción y el contrabando debe ser una prioridad para garantizar el desarrollo sostenible y la estabilidad económica del país.