Preocupación en el Congreso por retiro de rejas frente al Palacio Legislativo y designación de nuevo contralor general

El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, ha expresado su descontento y preocupación por el retiro de las rejas ubicadas en la Av. Abancay, frente al Palacio Legislativo, por parte de la Policía Nacional del Perú, sin una previa coordinación. Esta acción, que restringía el acceso peatonal a la zona, ha generado un debate sobre la seguridad en el entorno del Parlamento y la adecuada protección de los congresistas, el personal del Congreso y las instalaciones del Parlamento Nacional. En un comunicado emitido durante la sesión de la Comisión Permanente, Soto Reyes señaló que el retiro de las rejas se realizó sin coordinación y destacó la importancia de garantizar la seguridad en un contexto de actual situación política y posibles manifestaciones contra el orden público. Asimismo, anunció que ha instruido al Oficial Mayor del Congreso para que envíe un oficio al comandante general de la PNP en relación a este tema. Ante esta situación, el representante de la bancada Honor y Democracia, José Cueto, mencionó que si bien hay presencia policial resguardando el Parlamento, no se observaron las rejas que anteriormente delimitaban el perímetro. Soto Reyes reiteró su preocupación y cuestionó la falta de coordinación en la determinación de retirarlas, sugiriendo que esta acción podría comprometer la seguridad de las personas que laboran en el Congreso. El presidente del Congreso también planteó una reflexión al comparar la situación con la seguridad en el Palacio de Gobierno, cuestionando si las mismas medidas se han implementado allí. Esta comparación evidencia la importancia de garantizar la protección de las instituciones públicas en un contexto de posibles tensiones y manifestaciones que puedan afectar el normal desenvolvimiento de las actividades parlamentarias. En otro contexto, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la designación de César Aguilar Surichaqui como el nuevo contralor general, en medio de un proceso que ha estado marcado por tensiones entre el gobierno y el actual titular de la Contraloría, Nelson Shack. Esta decisión, tomada en una sesión a puertas cerradas y sin acceso a la prensa, refleja la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. El debate sobre la seguridad en el entorno del Congreso y la designación de autoridades clave en el control y fiscalización del gasto público son temas que generan preocupación y requieren un análisis detallado en el marco de la actual coyuntura política y social del país. La coordinación entre las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el resguardo de las instituciones públicas es fundamental para garantizar el normal funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho. En este sentido, es necesario que las autoridades competentes revisen y mejoren los protocolos de seguridad en el entorno del Congreso, considerando las posibles amenazas y riesgos a los que están expuestos los legisladores y el personal que labora en el Parlamento. Asimismo, la designación de cargos clave, como el contralor general, debe realizarse de manera transparente y con la participación de todos los actores involucrados, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y la lucha contra la corrupción en el país.