Controversia por ampliación de prisión preventiva de Pedro Castillo: ¿justicia o estrategia política?

El caso del expresidente Pedro Castillo sigue generando controversia en la opinión pública y en el ámbito judicial. Recientemente, su abogado ha expresado su preocupación ante la ampliación del plazo de prisión preventiva de 14 a 18 meses, argumentando que esta medida busca victimizar a su defendido y que responde a una estrategia política peligrosa. Según el letrado, esta situación refleja la criminalización de la justicia y su politización, lo cual representa un riesgo para el país. En ese sentido, el abogado también aclaró que la solicitud de asilo a la embajada mexicana no fue realizada por Pedro Castillo, sino por su defensa. Señaló que el documento presentado ante la embajada fue elaborado por el equipo legal del exmandatario, y que este no lo firmó personalmente. Este hecho plantea nuevos interrogantes sobre el caso y sobre las estrategias legales que se están empleando en la defensa de Castillo. Cabe recordar que Pedro Castillo enfrenta graves acusaciones relacionadas con su gestión como presidente. Tras su mensaje a la Nación en el que ordenó el cierre del Congreso y la reorganización de diversas instituciones estatales, fue acusado de rebelión y se enfrenta a un pedido de la Fiscalía de 34 años de cárcel. Estas acusaciones han desencadenado un proceso judicial complejo y de alto perfil que ha captado la atención de la ciudadanía y ha generado debates en torno a la situación política del país. La ampliación del plazo de prisión preventiva de Pedro Castillo ha generado reacciones encontradas en la sociedad. Mientras algunos sectores respaldan la decisión judicial argumentando la gravedad de los delitos que se le imputan, otros cuestionan la legalidad y la proporcionalidad de esta medida, especialmente en un contexto de polarización política y tensiones sociales. La situación de Castillo se ha convertido en un tema central de debate en el país, reflejando las divisiones y las tensiones existentes en la sociedad peruana. La defensa de Pedro Castillo ha anunciado que apelará la decisión de ampliar el plazo de prisión preventiva, manifestando su confianza en que se respeten los derechos de su defendido y se garantice un proceso judicial justo y transparente. Asimismo, han reiterado su posición de que estas acciones judiciales buscan perjudicar a Castillo y victimizarlo, en lugar de garantizar una justicia imparcial y equitativa. La estrategia legal y mediática en torno al caso de Pedro Castillo continúa evolucionando, generando expectativa en la sociedad y en los actores políticos. En medio de estas controversias y tensiones, es fundamental que se respete el debido proceso y se garantice la independencia y la imparcialidad del sistema judicial. La transparencia en el manejo de este caso resulta crucial para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el Estado de derecho. La polarización y la politización de la justicia solo contribuyen a socavar la confianza en el sistema legal y a generar más incertidumbre en un contexto ya de por sí tenso y complejo.