Escenario de persecución política en proceso judicial contra Keiko Fujimori

En medio de una encarnizada batalla legal que ha capturado la atención de todo un país, se ha desatado un escenario que ha sido calificado por muchos como una clara persecución política. El caso que ha mantenido en vilo a la opinión pública es el proceso llevado a cabo por el fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori y más de 40 coacusados, en el que se les imputan delitos relacionados con supuestas donaciones de campaña y lavado de activos. Desde diversos sectores de la sociedad se ha levantado la voz para denunciar que lo que se está presenciando no es más que un intento por criminalizar actos que no constituyen delito en una democracia. La arremetida legal se ha basado en la supuesta ilegalidad de donaciones recibidas por la candidata presidencial, como las provenientes de Dionisio Romero o Juan Rassmuss, sin contar con pruebas contundentes que respalden estas acusaciones. El discurso del fiscal Pérez ha sido objeto de críticas por parte de juristas y analistas, quienes han señalado que sus argumentos carecen de sustento jurídico sólido y se basan más en una supuesta "voluntad criminal" atribuida a la organización política Fuerza Popular, heredera según él del legado criminal de Alberto Fujimori. Esta manera de abordar el proceso ha despertado suspicacias sobre la imparcialidad y objetividad de la justicia en este caso. La situación ha sido descrita como cercana a un "juicio popular", en el que se estaría utilizando el sistema judicial como herramienta para eliminar a un sector político contrario. La polarización generada ha tenido consecuencias devastadoras en la clase política y en el empresariado, debilitando instituciones y favoreciendo un clima de confrontación que ha permeado todos los ámbitos de la sociedad peruana. La instrumentalización de organismos como el Eficcop y la Diviac para llevar a cabo acciones que han sido calificadas como una trampa contra el exabogado de la presidente, Mateo Castañeda, ha sido el último episodio en una serie de acontecimientos que han puesto en entredicho la integridad del sistema judicial y la imparcialidad de las investigaciones en curso. La lucha por el control del Ministerio Público se ha convertido en un terreno de batalla política en el que se libran intereses que van más allá de la justicia y la transparencia. El llamado a poner fin a los procesos basados en donaciones de campaña se ha vuelto imperante para muchos sectores de la sociedad que claman por el cese de una guerra legal que solo ha servido para profundizar la división y la desconfianza en las instituciones. La necesidad de restablecer la confianza en el sistema judicial y en la imparcialidad de las investigaciones se presenta como un desafío crucial para el futuro de la democracia peruana. La reconciliación y la búsqueda de consensos se vislumbran como el camino a seguir para superar esta crisis que amenaza con socavar las bases mismas de la convivencia democrática.