Martín Vizcarra busca anular inhabilitación: expectativa y controversia ante el Tribunal Constitucional

El expresidente Martín Vizcarra continúa en la lucha por anular la inhabilitación para ejercer cargos públicos impuesta en su contra por el Congreso de la República en el 2022. Mediante un recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional (TC), Vizcarra busca declarar la nulidad de las decisiones parlamentarias que lo inhabilitaron por 5 años, alegando violación del debido proceso y de sus derechos constitucionales, especialmente el derecho a elegir y ser elegido, así como a participar en la vida política. El caso ha generado gran expectativa y controversia en la opinión pública, ya que Vizcarra también enfrenta otros procesos judiciales, como el juicio oral por presunta corrupción en el Caso "Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua", donde la fiscalía ha solicitado 15 años de cárcel en su contra. Asimismo, está siendo investigado por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones-Provías Nacional, así como por el caso del "Vacunagate". La demanda del exmandatario ha sido derivada al Pleno del TC, donde se espera una pronta resolución. Sin embargo, la complejidad del caso y los diversos argumentos presentados por ambas partes hacen prever que el proceso podría extenderse por varios meses. En este sentido, expertos en derecho constitucional han señalado que el TC no puede rechazar de manera liminar la demanda, sino que debe realizar una audiencia pública para analizarla en detalle. Por su parte, voces críticas han cuestionado las acciones de Vizcarra, señalando que busca utilizar argucias legales para eludir las investigaciones en su contra y recuperar su participación en la vida política. Asimismo, han destacado que la Fiscalía de la Nación ha archivado una investigación en su contra, lo que ha sido interpretado como un intento de protegerlo de posibles consecuencias penales. En medio de este panorama, el TC se enfrenta al desafío de pronunciarse de manera objetiva y transparente, garantizando el respeto al debido proceso y a los derechos constitucionales de todas las partes involucradas. La decisión final que tome el Tribunal tendrá repercusiones no solo para el caso de Martín Vizcarra, sino también para el sistema judicial y político del país en su conjunto. En este contexto, resulta fundamental que el TC emita una resolución fundamentada en el marco jurídico vigente, evitando cualquier tipo de influencia política o mediática. Solo así se podrá asegurar la imparcialidad y la justicia en este caso tan emblemático que ha captado la atención de la ciudadanía peruana. La resolución del TC marcará un precedente importante en cuanto a la separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho en el país. A medida que se desarrollen los acontecimientos y se acerque la fecha de la resolución del Tribunal Constitucional, la sociedad peruana estará atenta a cada paso y decisión que se tome en este caso. La transparencia, la objetividad y el respeto a la ley deberán primar en todo momento, garantizando que la justicia sea impartida de manera equitativa y en beneficio del interés público.